Papá Estado decide el menú y no consulta a los cocineros. Así es como ha sentado en la industria alimentaria el anuncio de que Sanidad y las comunidades autónomas podrían sellar este miércoles un acuerdo que sacaría la bollería industrial, las chuches, las bebidas azucaradas y los picoteos fritos de los colegios e institutos españoles.
Desde la patronal Fiab denuncian el olvido y la unilateralidad con la que ha actuado el ministerio de Trinidad Jiménez en todo este tema, "dejando a un lado a los principales implicados en esta nueva medida". Pero el combate entre las partes parece que no quedará aquí.
En una carta remitida a la ministra de Sanidad, a la que ha tenido acceso este periódico, la patronal alimentaria trasladó el pasado 14 de julio su sorpresa al conocer estas pretensiones a través de los medios de comunicación y pidió a los representantes gubernamentales la celebración de una reunión para intentar aclarar los términos más polémicos.
Inmovilismo gubernamental
Según fuentes del sector, desde Sanidad se propuso un encuentro para el día de ayer con la única intención de explicar de primera mano los términos concretos del Reglamento. Pero los representantes de Fiab decidieron declinar la invitación al considerar que desde el ministerio se podría interpretar esta reunión como una aprobación por parte de la industria a la nueva medida, además de intuir cierto inmovilismo en torno a dichos términos.
Siempre según estas mismas fuentes, pese a los intentos de Fiab de posponer la consulta en el consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebra el próximo miércoles, el ministerio de Sanidad ha decidido continuar adelante sin tener en cuenta la opinión de los implicados. "Nos ha sorprendido el hecho de no haber sido consultados a lo largo del proceso de discusión interna, máxime cuando su elaboración no se ha limitado a un debate administrativo, sino que han intervenido otras organizaciones sociales y asociaciones representativas, entre las que no se ha incluido a Fiab", asegura la patronal en dicha carta.
Por su parte, ayer se celebró una reunión al más alto nivel en la Fundación Alimentum, que agrupa a las grandes compañías del sector como Nutrexpa, Coca-Cola, Campofrío o Bimbo entre otros, para adoptar una postura común a una medida que consideran intolerable. "No entiendo cómo se puede llamar al borrador documento de consenso cuando no se ha tenido en cuenta la opinión de los principales implicados", aseguraban ayer desde el negocio alimentario.
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