Trujillo culpa al PP de haber "alimentado" especulación con Ley Suelo del 98

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, culpó hoy al Partido Popular de haber "alimentado" la especulación inmobiliaria y la sobrevaloración del precio de la vivienda con la Ley de Régimen del Suelo que este partido aprobó en 1998 cuando estaba en el Gobierno.

En una reunión en el Congreso de los Diputados con los miembros del grupo parlamentario socialista, la ministra aseguró que la ley del 98 no sirvió para abaratar el precio de la vivienda y mejorar la competitividad de las empresas, como pretendía la norma en su exposición de motivos, sino que "alimentó la especulación".

"Se liberalizó el suelo para tratar de abaratar los precios, pero el aumento de la oferta no llevó aparejada esa rebaja", dijo Trujillo, quien recordó que desde 1998 la vivienda se ha encarecido el 150 por ciento y el suelo, el 500 por cien.

Grave problema paisajístico

Asimismo, afirmó que la ley del 98 creó un grave problema paisajístico y medioambiental, al promover una urbanización desmedida; un problema social, al dificultar el acceso a una vivienda cada vez más cara; y un problema económico, al fomentar un crecimiento económico basado en el tirón del sector de la construcción e inmobiliario.

A dos días de que el pleno del Congreso apruebe definitivamente la Ley de Suelo promovida por el Gobierno socialista, la ministra destacó que la nueva norma servirá para aumentar la oferta de vivienda protegida (VPO), frenar la especulación y promover la participación ciudadana en la elaboración de los planes urbanísticos.

Sobre la nueva norma

Según Trujillo, esta ley esta llamada a resolver los problemas que generó la anterior norma, de manera que en el plano ambiental promoverá políticas basadas en un desarrollo territorial y urbano más sostenible, en tanto que en el plano económico aumentará la eficiencia de los mercados del suelo, con el establecimiento de un nuevo régimen de valoraciones que desincentivará la especulación.

En el plano social, la ministra destacó que la nueva norma convertirá el suelo en un recurso social, al incrementar hasta el 30 por ciento el porcentaje de suelo público que las diferentes Administraciones deberán destinar a la edificación de VPO.