En el Régimen General, el balance del sistema público es positivo para los cotizantes que obtienen a través de la pensión más rentabilidad que con activos sin riesgo a largo plazo.
El debate sobre el sistema público de pensiones apenas ha comenzado, pero produce un vértigo político que en muchos ámbitos se considera que lo mejor es volver a enterrarlo y dejarlo reposar hasta que lo inevitable lo resucite. Además, la complejidad del problema hace que tener una idea panorámica sea muy difícil y el riesgo de las simplificaciones es grande y grave. La idea más generalizada es la que afirma que las pensiones españolas son muy bajas y que son claramente insuficientes en sus percepciones medias para mantener una vida decorosa. Y para eso recurren a comparaciones europeas que, efectivamente, permiten sostener el aserto.
La generalidad de los partidos políticos y de las organizaciones sindicales no aluden a las cuantías de las pensiones, sino al sistema en su conjunto y en términos de sostenibilidad. Y la corrección política añade además que no hay un problema inmediato que ponga en causa el sistema público y que de lo que se trata es de adelantarse a los acontecimientos para evitar el colapso a veinte años vista. Pero ¿y si eso no fuera así? ¿Y si el problema financiero del sistema público de pensiones es ya una cuestión actual y perentoria?
¿Que dirán los políticos al enfrentarse a una afirmación como ésta?: "...el sistema público de pensiones presenta un balance negativo entre las aportaciones (cotizaciones) que recibe el individuo y las prestaciones (pensiones) que paga, es decir, que debido a que cada vez vivimos más años por encima de la edad legal de jubilación, los individuos reciben más de lo que aportan al sistema público de pensiones" .
El aserto que precede está sacado de un profundo estudio realizado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) titulado Retos socioeconómicos del envejecimiento en España y corresponde metodológicamente al análisis del balance individual de los trabajadores acogidos al Régimen General de la Seguridad Social, extrapolando un grupo de individuos de 35 años, que entraron en el sistema a una edad establecida por su nivel de estudios y que, por tanto, su jubilación habrá comportado una vida laboral
completa de al menos 35 años. (Existe la salvedad de que estos trabajadores se podrían jubilar por debajo de la edad legal de 65 años, por lo que la edad fijada para el análisis ha sido la media de jubilación en España, cifrada en 62,1 años).
El balance financiero negativo entre lo aportado y lo recibido del sistema se traduce en algo también bastante sorprendente, que es que el sistema de pensiones proporciona "un exceso de rentabilidad" sobre la rentabilidad a largo plazo que ofrecen los activos financieros sin riesgo, es decir, la renta fija. Quizás algunos se escandalizarían con la afirmación de los redactores del informe de que "el sistema de reparto actual, desde el punto de vista individual y estrictamente financiero
parece generoso".
Desigualdades en el sistema
Una de las conclusiones que se extrae del documento también puede parecer otro hallazgo sorprendente: el balance negativo entre aportaciones y prestaciones se acentúa a medida que aumenta el nivel de estudios de los individuos y, por tanto, los niveles de salariales y que, además, es ligeramente superior para las mujeres que para los hombres. Otro tópico que queda desmontado.
Y tras el tópico, la visión paradójica. Si en vez de considerar la edad de jubilación real se considera la legal de 65 años, ésta supondría una elevación de la pensión de jubilación, al no verse desfavorecidas por las penalizaciones de la jubilación anticipada y, a pesar de que se cotizan más años, se acentúa el balance negativo del sistema, aumentando los excesos de rentabilidad que proporciona el sistema.
De hecho, según los autores del informe, mantenerse activo hasta cumplir la edad legal de jubilación supone un fuerte aumento de la tasa de sustitución o de reemplazo (la tasa de sustitución es el importe que supone la pensión de jubilación sobre la media de los salarios de los últimos 15 años de vida laboral). Esta medición permite concluir que en los trabajos menos cualificados la tasa de sustitución es muy elevada (puede alcanzar hasta el 96 por ciento del salario), mientras que en los de cualificación de grado superior es ligeramente superior al 64,9 por ciento en las mujeres y del 43 por ciento en los hombres.
Un tercer escenario sería el protagonizado por los individuos que trabajaran más allá de la edad oficial de jubilación, por ejemplo los 68 años. Entonces es cuando los autores del documento detectan que se reduce "significativamente" la brecha negativa para las aportaciones frente a las prestaciones y, en consecuencia, también se reduce el exceso de rentabilidad anual que obtiene el cotizante del sistema público.
La tasa de sustitución en este rango de los 68 años se eleva hasta el 101,6 por ciento en la menor cualificación, mientras que en lamás elevada se sitúa en el 68,6 por ciento para las mujeres y en el 45,2 por ciento para los hombres.
Hay una comparación posible entre los dos colectivos extremos (los que adelantan su jubilación tres años y los que la retrasan tres años). Entre unos y otros no se produce la misma proporción de la tasa de sustitución al alza que a la baja. ¿La causa? Algo que debe llamar la atención a los miembros del Pacto de Toledo que analicen esta cuestión en los próximos meses: que los incentivos establecidos para trabajar más años son inferiores a las penalizaciones por jubilarse anticipadamente.
El caso de los autónomos
El estudio de AFI, partiendo de un universo de individuos semejante, aborda el caso de los trabajadores autónomos, considerando las peculiaridades de su Régimen Especial y por lo tanto con la posibilidad de que coticen por la base mínima hasta la jubilación a los 65 años o bien los que cotizan por el mínimo hasta los 50 años para después elevar su cotización al máximo hasta la jubilación a los 65 años.
Los resultados del análisis en el primero de los casos no es tan negativo como en el de los trabajadores por cuenta ajena del Régimen General. Pero en el segundo escenario, el balance negativo es "notablemente superior" al que se ha dejado reflejado para la jubilación anticipada en el Régimen General. Esta constatación se debe a que en el segundo caso se produce una "optimización clara de las aportaciones" al sistema público de pensiones desde el punto de vista del individuo, porque el trabajador autónomo puede elegir su base de cotización y, en consecuencia, decide cotizar al mínimo hasta que sus aportaciones se empiezan a tener en cuenta para el cálculo de la pensión que percibirá, que coincide con los 50 años.
En este supuesto, desde el punto de vista financiero, el individuo percibe una rentabilidad adicional anual más elevada que en el primer caso de los trabajadores autónomos y que en escenario de jubilación anticipada del Régimen General.
En consecuencia, desde el punto de vista estrictamente financiero, los resultados del análisis muestran que para los colectivos referenciados el sistema público presenta un balance negativo entre las aportaciones y las prestaciones que tendrá que pagarles en el futuro.
Jubilación prolongada
El documento plantea los dos escenarios más comunes para remediar el balance negativo del sistema público de pensiones.
Sobre la elevación de la edad de jubilación para los trabajadores por cuenta ajena dentro del Régimen General, desde el punto de vista del análisis financiero e individual, se dice que provoca una reducción del balance negativo que tiene el sistema entre las aportaciones que recibe y las prestaciones que paga a los individuos en todos los grupos de nivel de conocimientos y hasta puede convertirse en positivo en el caso de los varones con menor nivel educativo si se prolonga la vida laboral hasta los 69 o los 70 años, una situación que no llega a producirse en el caso de las mujeres, debido a su mayor longevidad, la cual provoca que pasen más años percibiendo la jubilación del sistema.
Si de lo que se trata es de utilizar la otra palanca disponible, que es la de ampliar el periodo de cotización considerado para la base reguladora, se dice por los expertos que aumentaría la justicia del sistema, al estrechar el margen entre prestaciones y aportaciones, aunque podría aumentar las desigualdades entre los trabajadores con menores ingresos y los que perciben mayores remuneraciones.
En el sistema español, los años considerados para el cálculo de la base reguladora han sido reformados al menos en dos ocasiones, pasando de dos años a ocho años en 1985 y de los ocho años a los 15 actualmente considerados en la reforma de 1997.
Para los trabajadores por cuenta ajena del Régimen General, siempre desde la óptica del análisis financiero e individual, se produce una reducción del desequilibrio negativo para el sistema cuanto más se eleva el periodo de cotización, fundamentalmente porque, en general, las remuneraciones van creciendo a lo largo de la vida laboral.
En uno y otro caso, la tasa de sustitución se reduce, aunque la mengua es más intensa para los grupos de menor nivel de preparación. Con una edad de jubilación en 68 años y para los casos de una cotización entre 30 y 35 años, algunas pensiones, las del grupo de varones con menor nivel de estudios, concluye el informe, cambiarían el signo del balance financiero del sistema de negativo a positivo.
Las preguntas formuladas al principio tienen respuesta. El problema financiero del sistema público de pensiones no es un futurible, sino una cuestión que hay que abordar ya.
El Gobierno quiere pensiones que se correspondan con las aportaciones
