Indignación. Eso es lo que ha producido entre los empresarios catalanes la última iniciativa parlamentaria que impulsa el gobierno tripartito catalán (PSC, ERC e ICV) con el apoyo de CiU y que pretende que las empresas que tienen presencia en Cataluña utilicen el catalán en su día a día. Además, el 66% de cines catalanes cierran hoy sus puertas contra la nueva Ley del cine
Aquellas que se nieguen a hacerlo y sean descubiertas por la administración o uno de sus trabajadores la denuncie se enfrentarán a multas de 10.000 euros y la sanción puede ascender a 100.000 euros en caso de ser una empresa reincidente.
Indignación en el sector
"Es indignante que en un momento de dificultades económicas como el que estamos atravesando, la Generalitat nos obligue a asumir un sobrecoste que muchos no podemos pagar", asegura J. S., un empresario del sector del empleo temporal, que prefiere guardar el anonimato por miedo a que sus declaraciones tengan consecuencias.
El nuevo Código de Comercio catalán, cuyo trámite parlamentario se inició la semana pasada, tiene como objetivo obligar a las empresas a que utilicen el catalán en documentos como facturas, contratos, instrucciones, folletos publicitarios o presupuestos y de esta forma conseguir que la vida mercantil en Cataluña se realice exclusivamente en catalán. El argumento del Tripartito es que de esa forma se garantiza el derecho lingüístico de todos aquellos consumidores catalanoparlantes.
Doble facturación
"Lo que la Generalitat no tiene en cuenta es el derecho de los empresarios a ganarnos la vida, ya que si sólo vendiéramos en Cataluña simplemente sustituiríamos una lengua por otra, pero aquellos que vendemos nuestro producto en Madrid o en Valencia vamos a tener que duplicarlo todo", asegura F. M., un empresario del sector textil que se está planteando cerrar la empresa de confección que tiene en la comarca del Maresme (Barcelona) debido a los problemas económicos y "a las trabas que cada día se inventa la administración".
Dentro de la tramitación parlamentaria, el nuevo Código todavía tiene que pasar por la Comisión parlamentaria antes de ser aprobado definitivamente. En esa tramitación, el texto puede sufrir modificaciones, pero es poco probable, porque además del PSC, ERC e ICV también apoya el texto CiU. De hecho, la formación que lidera Artur Mas ha anunciado que presentará alegaciones, porque sólo se tienen en cuenta los derechos del consumidor y no sus deberes. Para los nacionalistas lo idóneo sería también fijar algunas obligaciones de los consumidores a la hora de dirigirse a algunas empresas públicas y organismos oficiales.
Según el consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, la nueva ley será "un cambio importante que potencia la capacidad" de la Agencia Catalana de Consumo, el organismo regulador de esta materia dependiente de la Generalitat. En su opinión, el proyecto de ley permitirá aplicar "políticas de consumo de un país que en esta materia ha alcanzado la mayoría de edad".
Los partidos que han votado en contra de la tramitación han sido el PP catalán y Ciudatans. Estas dos formaciones, junto a Unión, Progreso y Democracia (UPyD) han creado la plataforma Por una Cataluña en libertad. No a las multas lingüisticas. A esta plataforma se han sumado entidades cívicas, como Impulso Ciudadano o Asociación por la Tolerancia.
Silencio en las patronales
Hasta el momento, las dos grandes patronales catalanas no se han posicionado públicamente al respecto. Aunque siempre se han mostrado críticas con el aumento de trámites y papeleos que incentiva la administración, en esta ocasión ninguno de los dos presidentes (Joan Rosell y Josep González) ha hecho una declaración pública. Tampoco se ha definido el secretario general de la Confederación Catalana de Comercio (CCC), Miguel Ángel Fraile, que a su vez ocupa el mismo cargo en la Confederación Española de Comercio (CEC). Otro foro empresarial como el Círculo de Economía tampoco ha fijado su posición.
También preocupa la nueva ley a las filiales de multinacionales con presencia en Cataluña. "Llegan muchos directivos de fuera que aterrizan en la compañía porque saben castellano y por eso les han enviado, si de repente la lengua mercantil cambia, las multinacionales se le pensarán", explica un directivo de una multinacional de automoción con filial en Barcelona.
En este sentido, la semana pasada, el ayuntamiento de Barcelona también aprobó un reglemento de usos lingüísticos en el que determina que la lengua catalana será un "criterio determinante" en las cláusulas de los contratos públicos y en la relación con empresas concesionarias de servicios o entidades receptoras de subvenciones muncipales.
Los rótulos han sido uno de los principales caballos de batalla de los comerciantes contras las políticas lingüísticas de la Generalitat. La semana pasada el empresario Xuder Rocamundi, que tiene una oficina de compra-venta en Arenys de Mar (Barcelona), denunció públicamente la persecución a la que se veía sometido por la Agencia Catalana de Consumo, que el pasado verano le multó con 1.500 euros por no rotular su escaparate en catalán. Rocamundi, que ya ha presentado un recurso contencioso administrativo, no descarta llegar al Tribunal Constitucional
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