Como se recordará, el pasado septiembre los primos más famosos, 'los Albertos', fueron condenados a abonar 10,8 millones de euros a sus antiguos socios en el 'caso Urbanor', una vulgar y barriobajera estafa en que dichos sujetos simularon ante sus socios un precio de venta inferior al real en la enajenación de los solares de las Torres Kío.
Se libraron entonces de la cárcel porque el Tribunal Constitucional, en una sentencia que suscitó escándalo en medios jurídicos, declaró el delito prescrito.
Durante el pleito por aquel asunto hubo de todo, incluso falsificación de pruebas. En concreto, se falsificó una carta exculpatoria, lo que dio lugar a otro procedimiento, que ahora acaba de fallarse con una condena de cuatro meses de prisión para cada uno de los primos.
Recurrirán al Supremo
Naturalmente, los condenados ya han anunciado que recurrirán ante el Supremo. Seguramente confiarán en encontrar mayor benevolencia cuanto más alta sea la instancia judicial, como ya les ha ocurrido hasta ahora.
En cualquier caso, resulta indignante para la opinión pública el ver cómo la disposición de recursos ilimitados, con la consiguiente influencia social, consigue doblegar resortes judiciales que serían inflexibles para cualquier ciudadano de a pie. El déficit democrático es, en estos casos, tan irritante como evidente.
