El Gobierno ha aprobado la puesta en marcha de la TDT de pago mediante decreto ley, y no por simple decreto como pretendía el ministro Sebastián, responsable de ese sector. Y la vicepresidenta ha vestido la medida con ropajes tecnológicos: a su juicio, cuando estamos a seis meses del apagón analógico, es "necesario y urgente" regular el pago por visión para que los operadores puedan abrir nuevas vías de negocio.
A nadie se le escapa, sin embargo, que tras esta polémica decisión se esconde una operación mediática de gran calado, que afecta a los dos grupos teóricamente afines al Gobierno, el imperio Polanco, propietario de Sogecable, y Mediaset, que además de poseer La Sexta y el periódico Público, es propietaria de la mayor parte de los derechos del fútbol durante varios años.
Prisa, endeudada
Como es sabido, Prisa está altamente endeudada precisamente a causa de una operación que le proporcionó el control completo de Sogecable. Y esta plataforma que transmite vía satélite, que está tecnológicamente caduca, tan sólo puede mantener su valor si es capaz de ofrecer fútbol, tanto en abierto como en pago por visión. Era, pues, evidente la complementariedad entre Sogecable y Mediaset (La Sexta): la plataforma de aquélla y los contenidos de ésta conjugaban un buen negocio. Y de ahí que durante meses ambas compañías hayan estudiado su integración, que el Gobierno estimulaba o al menos veía con buenos ojos, y que pareció exitosa pero que al final no ha cuajado.
Evidentemente, la ruptura ha tenido lugar a la hora de evaluar los respectivos activos: ninguna de las partes ha reconocido la mayoría de la otra.
Una vez rotas las negociaciones, el Gobierno ha creído oportuno ofrecer a La Sexta ?dirigida por personas consideradas próximas a Moncloa- la posibilidad de explotar por sí misma sus contenidos audiovisuales, el fútbol en particular. Ahora podrá vender estos programas mediante pay per view utilizando un decodificador semejante, aunque distinto, al de Canal+ de Sogecable. La decisión es catastrófica para Prisa, ya que su principal activo, Sogecable, pierde así la mayor parte de su valor actual en el mercado.
Lógicamente, las empresas de distribución por cable se encuentran en la misma situación de Sogecable. Y en cambio, el sector de electrónica industrial está encantado porque ahora tendrá ocasión de vender unos 18 millones de nuevos decodificadores.
El Consejo de Estado había desaconsejado la regulación de la TDT de pago por decreto ley por una razón jurídica de peso: con la medida, cambian las condiciones contractuales de todas las concesiones de televisión efectuadas por el Gobierno. El argumento del organismo consultivo es sólido y sin duda servirá a Sogecable y a las empresas de cable para emprender una batalla jurídica de alcance.
Bajo la cual se desarrollará con seguridad una batalla política que, paradójicamente, será entre las dos empresas de comunicación más cercanas al Partido Socialista.
Aprueban la TDT de pago
