Por decreto ley y en ausencia en la rueda de prensa de la vicepresidenta económica -es escandalosa la ausencia; hoy mismo, 'elEconomista' suspende a Elena Salgado por su gestión de la crisis-, el consejo de ministros ha aprobado hoy un "programa temporal de Protección por Desempleo e Inserción" que, básicamente, consiste en un subsidio de 420 euros durante seis meses a los parados que agoten el subsidio en los seis meses posteriores al pasado 1 de agosto, siempre que reciban rentas interiores al 75% del salario mínimo, continúen apuntados en las listas del desempleo y se presten a seguir los cursos de formación que se les proponga.
Según la referencia del propio Consejo de Ministros, esta prestación costará 642 millones de euros, sufragados por el Servicio Público de Empleo Estatal, y según Fernández de la Vega, beneficiará a unas 340.000 personas y podrá ser renovada una vez siempre que la tasa de paro supere el 17%.
De entrada, una simple multiplicación pone de manifiesto que la cuantía asignada -los 642 millones de euros- resulta insuficiente ya que, como mínimo, habrá que aplicar a este fin unos 850 millones de euros.
Deterioro del mercado de trabajo
Esta prestación, que en su momento estuvo sobre la mesa de negociaciones del diálogo social, es conceptualmente ambigua, como siempre sucede con las subvenciones por desempleo.
De un lado, palía sin duda el problema grave de un colectivo proletarizado que podía ingresar directamente en la exclusión, lo que aleja el riesgo de un indeseable estallido social. De otro lado, sin embargo, la excesiva subvención del desempleo desincentiva la búsqueda de empleo y deteriora el mercado de trabajo.
¿Renta Básica Universal encubierta?
En efecto, los teóricos utópicos de la renta básica universal, que se entregaría a todos los ciudadanos ( no confundir con el impuesto negativo sobre la renta que defendía el liberal Friedmann), ignoran tal desincentivación, que es la principal contraindicación de la propuesta. Si el trabajador recibe una contraprestación semejante por trabajar o por no hacerlo, será difícil que se cubran los empleos más penosos y peor retribuidos, con lo cual el engranaje sociolaboral podría paralizarse.
Déficit público 'insoportable'
En otro orden de ideas, y aunque la medida aprobada hoy resulte difícilmente objetable en un contexto cercano a los cuatro millones de parados -y de más de un millón de familias con todos sus miembros en paro-, es claro que el recurso al déficit público está alcanzando niveles insoportables.
Asimismo, resulta llamativo que, en lo más profundo de la crisis, se sigan arbitrando subvenciones en lugar de ensayar ayudas a la generación de empleo. Porque, a medio plazo, resulta mucho más productivo salvar e impulsar a las empresas en dificultades por la caída de la demanda que subvencionar simplemente a los desempleados.
Un país 'subsidiado'
Y éste debería ser el gran objetivo de la concertación social, inexplicablemente fracasada en nuestro país: lo que la Agenda 2010 ha conseguido en Alemania no ha sido más subsidios estatales de desempleo sino más mecanismos estatales para salvar los empleos existentes y evitar el crecimiento descontrolado del paro.
En otras palabras, si la política económica del Gobierno para paliar la crisis se limita a incrementar el déficit para mantener parados en vez de acelerar el sistema de incentivos para salir de ella -esa ley de Economía Sostenible, sobre la que el Gobierno ha conocido hoy un informe, puede ser una herramienta-, nos abocaremos a un desequilibrio grave del que nos costará mucho reponernos.
