El pasado día 20 una manifestación abarrotó la Plaza Mayor de Madrid. Hasta ahí todo normal, si no fuera porque los que protestaban eran guardias civiles. El ministro de Defensa ha afirmado que la protesta fue ilegal y que este Cuerpo seguirá siendo militar
Unos 13.000 agentes (3.000 de ellos uniformados), según la organización, clamaron contra el Gobierno por haber incumplido la promesa de desmilitarizar el Cuerpo, entre otras reivindicaciones laborales.
El viernes pasado la Dirección General de la Guardia Civil abrió expediente por falta muy grave y apartó del servicio al secretario y al portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Joan Miquel Perpinyá y Juan Antonio Delgado.
Y puede que no sean los únicos. La AUGC espera 30 sanciones más en los próximos días. Un miembro del Instituto Armado aseguró a elEconomista que se va a enviar una lista con los nombres y apellidos de todos los agentes que asistieron a la manifestación de Madrid para que el Gobierno se vea en la obligación de expedientar a todos ellos.
No se calman los ánimos
Una acción de solidaridad con los compañeros ya expedientados y una maniobra para presionar al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.
Las declaraciones de los miembros del Gobierno no ayudan a calmar los ánimos. El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, afirmó ayer desde Herat (Afganistán) que la manifestación fue ilegal y subrayó que la Guardia Civil es una institución de naturaleza militar que "va a seguir siéndolo".
Estas declaraciones contradicen las que realizó poco después de la concentración de guardias civiles en Madrid, en las que aseguró que no apreciaba "ilegalidad alguna" en el comportamiento de los manifestantes.
Reivindicación del programa electoral del PSOE
En sus reivindicaciones, los manifestantes se apoyan en el programa electoral del PSOE, que prometía atribuir las competencias sancionadoras al Ministerio del Interior y mandos de la Guardia Civil, evitando la concurrencia con el Código Penal Militar.
La propia AUGC consiguió dos meses antes de la llegada de los socialistas al poder que el actual ministro de Trabajo y entonces portavoz parlamentario del Grupo Socialista, Jesús Caldera, prometiera que si su partido salía elegido en las elecciones del 14 de marzo de 2004 desmilitarizaría la Guardia Civil.
De ahí que no se entienda la actitud de estricto cumplimiento de la legalidad del Gobierno.
Faltas "muy graves"
Según el Reglamento Disciplinario de la Guardia Civil, la aplicación a este Cuerpo del régimen de las Fuerzas Armadas debe considerarse meramente provisional, según indicó el Tribunal Constitucional en una sentencia de noviembre de 1989.
Ese mismo texto considera falta grave -pérdida de cinco a 20 días de haberes; arresto de un mes o pérdida de destino- infringir el deber de neutralidad política o la emisión de expresiones "contrarias al ordenamiento constitucional, a los símbolos, instituciones o autoridades del Estado".
Sin embargo, tanto Perpinyá como Delgado han sido expedientados por falta muy grave, castigada con la pérdida de puestos en el escalafón y suspensión de empleo y/o separación del servicio.
Promover o pertenecer a partidos políticos o sindicatos, o desarrollar actividades políticas o sindicales, así como las conductas contrarias a la disciplina, servicio o dignidad de la Institución son algunas de las causas que pueden motivar una sanción muy grave.
