El cierre de una central nuclear, como el de cualquier otra empresa, lleva consigo un importante coste a todos los niveles entre la población circundante, que suele beneficiarse en mayor medida de la presencia del complejo en la zona.
Pero en el caso de instalaciones como la de Santa María de Garoña, los costes y las dificultades de desmantelamiento conllevan además una inversión bastante considerable. Ante todo tiene que primar la seguridad, por lo que frente a la manipulación de elementos radiactivos se impone el estricto seguimiento de un protocolo amplio en plazos de ejecución, y que requiere de un presupuesto que en el caso de la central burgalesa podría elevarse por encima de los 200 millones de euros, según expertos en la materia.
La central de Zorita
El precedente más inmediato de desmantelamiento de un planta nuclear, que por el momento no ha terminado -ésta es una de las causas por las que el Gobierno ha tenido que fijar el cierre de Garoña para 2013-, se encuentra en la central José Cabrera en Almonacid de Zorita en Guadalajara, conocida popularmente como Zorita, y cuyo cese de actividad tuvo lugar en abril de 2006.
En este caso, la planta, la más antigua de España hasta que interrumpió su actividad hace tres años, tuvo un coste de construcción de más de 2.700 millones de las antiguas pesetas en 1968, mientras que el presupuesto para desmantelar ahora por completo toda la instalación que conforma la central se eleva por encima de los 180 millones de euros.
Por lo tanto, y debido al mayor tamaño de Santa María de Garoña, todo hace pensar que su coste de desmantelamiento esté por encima de lo que en su día se presupuestó para desmontar Zorita. Además, el reactor de ésta última difiere del que se encuentra en Garoña, lo que también encarecerá el coste de la operación.
Este punto, el del presupuesto, es de vital importancia para afrontar una tarea como la que tendrá que emprenderse en 2013 con la central burgalesa, y ha de zanjarse por anticipado de manera que pueda establecerse por adelantado la financiación de las actividades y estrategias de gestión. Así, se podrá controlar de mejor manera la disponibilidad y continuidad de los recursos necesarios en cada una de las fases del desmantelamiento, mantener el inventario y estar al tanto en todo momento de cómo evoluciona la situación.
Participación pública
Pero para que una central nuclear eche el cierre es necesaria la supervisión y participación pública, lo que en España corre a cargo de Enresa, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos. Creada en 1984, esta entidad pública empresarial se encarga de gestionar la parte más conflictiva y compleja en cualquier desmantelamiento de una central nuclear: los residuos radiactivos.
El desmontaje de un complejo nuclear como el de Garoña se ha de llevar a cabo en dos fases fundamentalmente. La primera de ellas consiste en interrumpir progresivamente la actividad del reactor para esperar a que éste se enfríe y retirar de su interior las barras de combustible que contienen las pastillas de óxido de uranio enriquecido.
El cierre de la central una irresponsabilidad