La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha decidido devolver al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el expediente disciplinario abierto contra el juez Baltasar Garzón en relación con la excarcelación por error de dos presuntos narcotraficantes turcos para que analice si el magistrado debe ser sancionado ante la fuga, recientemente conocida, de uno de los dos traficantes.
La Audiencia Nacional considera que esta novedad ha modificado la situación por lo que la responsabilidad del juez podría tratarse de una falta grave -sancionable con entre 300 y 3.000 euros- y no leve -sancionable entre una advertencia a multa de 300 euros- como se había considerado hasta ahora.
Una nueva valoración de los hechos
Este organismo, encabezado por el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, e integrada por los distintos presidentes de Sala, acordó elevar la cuestión al Consejo "por si procediera, en su caso, efectuar nueva valoración de los hechos atendidas las circunstancias sobrevenidas que se acaban de poner de manifiesto".
De este modo, justifica su decisión indicando que la situación ha cambiado tras trascender la fuga de uno de los dos narcos excarcelados. La decisión fue acordada por unanimidad y la reunión contó con la ausencia del presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez.
La comisión decide las sanciones
La Audiencia Nacional se ampara en el artículo 425 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para trasladar la causa al máximo órgano de los jueces argumentando que tiene la competencia para decidir sobre las sanciones a imponer ante la comisión de faltas graves, como en la que podría haber incurrido Garzón.
Concretamente, el punto cuarto del citado artículo detalla que "cuando esta autoridad entienda procedente una sanción de mayor gravedad que las que están dentro de su competencia, elevará el procedimiento, con su propuesta, a la que sea competente". Además la Sala de Gobierno recuerda que este procedimiento disciplinario caduca el 9 de julio.
Puesta en libertad de los narcos
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que no tiene competencia para decidir sobre faltas graves, estudió hoy esta cuestión después de que el pasado diciembre, el CGPJ acordase trasladar a la Audiencia la decisión sobre si el juez debía ser sancionado por incurrir en "incumplimiento injustificado" de los plazos para dictar resoluciones en relación con la puesta en libertad, el pasado mes de julio, de los dos presuntos narcos.
Un mes después la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional acordó la apertura al juez Baltasar Garzón de un expediente disciplinario por falta leve relacionada con la excarcelación. El expediente fue realizado por el presidente de la Sección Séptima de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, José Luis López Muñiz, al que correspondió la instrucción.
Archivar las dirigencias
Los dos narcotraficantes fueron excarcelados al haber caducado por unos días el plazo para prorrogar en dos años la situación de prisión preventiva en que se encontraban. Según fuentes próximas a Garzón, la detención del grupo de traficantes se produjo en dos días diferentes (10 y 18 de julio de 2006), si bien bien en la 'carpetilla' donde se archivaron las diligencias sólo se hizo constar la segunda fecha.
Uno de los presuntos narcotraficantes puestos en libertad en julio pasado por error se encuentra en busca y captura por orden de la Sala de lo Penal desde el pasado 24 de febrero, según informó la Audiencia Nacional, que destacó que la causa corresponde a la Sección Tercera y no al juez instructor desde octubre pasado. El tribunal aclaró que el 8 de octubre de 2008 el juez Garzón dio por concluido este sumario, en el que están procesados Sahin Eren y otras once personas que fueron detenidas en Huelva y Sevilla en julio de 2006 por formar parte de una organización supuestamente dedicada al narcotráfico.
Medidas cautelares decretadas
A partir de ese día, el presunto delincuente estuvo cumpliendo ante la Sección Tercera, que preside el juez Alfonso Guevara, la obligación que le impuso Garzón de comparecer diariamente ante la Justicia. Sin embargo, Eren dejó de cumplir las medidas cautelares decretadas por el juez el pasado 13 de febrero, motivo por el cual la Sala acordó, el pasado 24 de febrero, su busca, captura y posterior rebeldía.
El expediente contra Garzón fue incoado a principios del pasado mes de octubre a raíz de la denuncia que presentó el sindicato Manos Limpias contra el magistrado tras conocerse por la prensa la puesta en libertad de los dos presuntos 'narcos'. En el informe realizado sobre este asunto por el Servicio de Inspección del CGPJ se advertía de la exigencia al juez "de una especial diligencia en el control de los plazos de los sometidos a estas medidas cautelares que, si se infringe, debe conllevar una respuesta disciplinaria".
Denuncia de Manos Limpias
En el expediente que valoró el CGPJ el pasado mes de diciembre también constaba la explicación de lo sucedido por parte de Garzón, quien, tras informar de las circunstancias del caso, advirtió de que la denuncia de Manos Limpias se basa en una información periodística a la que reprochaba la "falta de datos relevantes".
No obstante, el magistrado asumía que, en cuanto a titular del Juzgado, él es el único responsable de la situación de los presos preventivos. Igualmente, argumentó que desde la Fiscalía "en ningún momento se advirtió o se avisó del agotamiento del plazo" y que las fechas en las que se produjo este error su Juzgado controlaba un total de 270 presos preventivos, todos "en plazo y debidamente controlados".
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Denuncia contra Garzón