El Juzgado Número 3 de San Sebastián ha condenado a la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles CAF a indemnizar a la viuda de Felipe Sarriegi, ex trabajador de la compañía, con 78.628,14 euros y 8.736 euros para sus cinco hijos, en total 122.308,14 euros, por "los daños y perjuicios derivados de la ausencia de medidas de prevención" en relación al amianto causante del mesotelioma o cáncer de pleura por el que falleció este empleado, según anunció hoy el sindicato CC.OO. en un comunicado.
SAN SEBASTIAN, 27 (EUROPA PRESS)
CC.OO. recordó que Sarriegi inició su trabajo en CAF (CAF.MC)en 1943 como aprendiz, posteriormente ocupó puestos de mecánico y técnico de organización en fundición y más tarde como técnico de organización en la División 2.
Además, entre 1980/89 trabajó en una cooperativa de la zona que no acreditó trabajar con amianto, volviendo como técnico de organización y jubilado como gerente del economato hasta su jubilación y el 28 de mayo de 2007 le diagnosticaron un mesotelioma, falleciendo pocos meses más tarde.
El sindicato indicó que según la sentencia del juzgado donostiarra, la CAF "incumplió sus obligaciones preventivas, pues no evaluó la exposición a las fibras de amianto" y se considera "muy improbable que utilizara protección alguna de las vías respiratorias y no se practicaron reconocimientos médicos específicos ni no se informó del riesgo a los trabajadores", concluyendo que "no se garantizó la seguridad y la salud".
En este sentido, apuntó que, frente a la argumentación de la empresa, la sentencia es "clara", una "corta pero intensa exposición al amianto es suficiente para producir la enfermedad y no existe certeza médica de que el hecho de que la víctima fuera fumador, este elemento agrave el diagnóstico del mesotelioma".
A juicio de CC.OO. esta nueva sentencia "pone a la orden del día la necesidad de crear un fondo de compensación a las víctimas del amianto, sin necesidad de que las éstas tengan que recurrir a los tribunales para reparar el daño" y aplicable también en el caso de empresas ya desaparecidas, "cuya responsabilidad recae en el Estado, por permitir la comercialización de una sustancia tan peligrosa, sin información adecuada del riesgo".
Finalmente, denunció "el olvido de los servicios de prevención y técnicos de seguridad sobre los riesgos higiénicos", algo que "no puede continuar, pues causan más muertes que los propios accidentes de trabajo".
