La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, lanzó hoy un mensaje de calma ante las actuaciones que la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción han iniciado contra las empresas Forum Filatélico y Afinsa por un supuesto caso de fraude a sus inversores.
Al tiempo, la ministra aclaró que la Ley de 2003 establece que el control de las inversiones de estos bienes tangibles "debe ser llevado a cabo por las autoridades de consumo de las comunidades autónomas".
A preguntas de los periodistas en Málaga al término de la rueda de prensa para informar de la conferencia e-health, Salgado, quien señaló que este tipo de empresas "no dependen del Ministerio de Sanidad y Consumo", declaró que los ciudadanos afectados "deben saber que la intervención judicial de estas dos empresas es la mejor forma de defender sus intereses".
Pese a todo, recordó la presunción de inocencia de estas dos empresas, aunque reconoció que "hay una sospecha de comisión de delito y, ante esos indicios que el juez estima fundados, éste ha estimado necesario el proceder a la detección de algunas personas y a la intervención judicial de esas dos empresas".
En este sentido, insistió que dicha intervención "se hace para proteger los intereses de los inversores", por lo que aclaró que "a partir de ahora la gestión de estas empresas corresponderá al administrador que el juez decida".
"Con ello se verá garantizado que los bienes que las empresas tienen en este momento estén a disposición, cuando el juez así lo decida, de los posibles damnificados por la actuación de esas dos empresas", continuó Salgado, quien dijo que la responsabilidad, por tanto, "será de las empresas si se determina que han ejercido fraude".
En cuanto al control que se hace de este tipo de empresas, recordó que en 2003 se presentó una enmienda en el Senado a una Ley "que lo que trataba era de cuestiones relativas a la seguridad de determinados activos que podían ser suscritos por los ciudadanos". ENMIENDA A LA LEY
Esa enmienda, "que se refería en concreto a los bienes tangibles que son los que aquí nos ocupan y que contó con la oposición del grupo parlamentario socialista y defendida por el PP en el Congreso, venía a decir en resumen que el control de esta inversión de bienes tangibles debía ser llevada a cabo por las autoridades de consumo", argumentó la titular del ramo.
"Por tanto, cuando la ley dice autoridades de consumo se está refiriendo sin ninguna duda a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas, ya que, además, esa es la razón por la que la norma dice autoridades de consumo y no autoridades del ministerio de Sanidad y Consumo", reiteró Salado, quien afirmó que "dicho eso, por parte el Ministerio de Sanidad y Consumo se han llevado a cabo algunas actuaciones en el ámbito que le es propio, es decir, en el ámbito de la información y las recomendaciones a las CC.AA para que gestionasen sus competencias".
Así, y a modo de ejemplo indicó que en el mes de junio de 2005 el Instituto Nacional de Consumo elaboró un tríptico que hablaba de bienes tangibles y que lo que trataba era proporcionar a los ciudadanos una información "tendente a que supiesen que tenían que exigir garantías antes de invertir en este tipo de bienes". AUDITORIA PARA ESTAS EMPRESAS
Además, dijo que la enmienda de 2003 establecía que las autoridades de consumo debían llevar a cabo una serie de actuaciones destinadas a controlar la actividad de esas empresas. Una de ellas, sostuvo, "era la necesidad de exigir a estas empresas el deposito de una auditoria en la comunidad autónoma correspondientes".
"De ahí, que a finales de 2005 en la comisión de consumo se demandó de las comunidades autónomas que se exigiera a estas empresas de bienes tangibles el depósito de la auditoria a la que las leyes obligaba", quien dijo que de momento "desconocemos si las CC.AA han exigido esa auditoria como estaba escrito en la Ley".
Preguntada por si el Ministerio sólo va a prestar apoyo informativo o de algún otro tipo, insistió en que es "demasiado pronto" y que sería una "irresponsabilidad" entrar en el fondo del asunto. "Son los jueces los que tiene que decir ello, así como si existe insuficiencia financiera de estas empresas para hacer frente a sus responsabilidades", aclaró.
En cuanto a la necesidad de crear un fondo de garantía para compensar a los posibles damnificados, algo que ya han pedido las organizaciones de consumidores, sostuvo que esto debe ser a priori y no a posteriori "como aparentemente ya se ha producido", por lo que "los inversores debería de saber que no estaban cubiertos por ningún fondo de garantía".
"En todo caso, será una de las exigencias que el juez tendrá en cuenta a la hora de juzgar a esas empresas". Con todo, dijo que tal vez en algún momento haya que reflexionar sobre este tipo de inversiones.
