La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido su petición de entre 5 y 4 años y medio de cárcel para los tres mandos militares que supuestamente identificaron erróneamente los cadáveres de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42. Por su parte, los forenses turcos han insistido en que el general Navarro tenía "prisa" por celebrar el funeral y que "olía a alcohol".
El teniente fiscal Fernando Burgos ha elevado a definitiva su petición ante el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que lleva la vista oral que se ha reanudado con la declaración de dos forenses turcos.
En su escrito, el fiscal pide 5 años de cárcel para el general de Sanidad Vicente Navarro y 4 años y medio para el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez por un delito continuado de falsedad documental.
Además de la pena de cárcel, el fiscal solicita también una multa y una pena de inhabilitación especial para cada uno de los tres acusados: de 30.000 euros y 5 años para Navarro y de 24.000 euros y 4 años y medio para Ramírez y Sáez.
Indemnizaciones por daños morales
Burgos también reclama indemnizaciones por daños morales de 25.000 euros para cada uno de los cónyuges, hijos y padres de los 30 militares cuyos cuerpos no se identificaron correctamente, una cantidad que de no poder asumirla los acusados deberá abonar el Estado en concepto de responsable civil subsidiario.
Como únicas novedades de su escrito, la fiscalía hace una descripción más detallada y mantiene calificación jurídica. Además incluye en el apartado de responsabilidad civil a la aseguradora Zurich España.
Relleno de datos de forma "caprichosa"
En su escrito de acusación, el fiscal acusa a Navarro de elaborar la lista con los militares muertos y "rellenar" de forma arbitraria y "caprichosa" los 30 espacios en blanco que había en esa relación de nombres y que correspondían a los de los militares que las autoridades turcas no pudieron identificar.
A Ramírez y a Sáez el teniente fiscal les responsabiliza de hacer un informe de necropsia con 30 identificaciones realizadas de forma aleatoria.
Por su parte, la Asociación de familiares de víctimas del Yak también ha elevado a definitivas sus peticiones, en las que reclaman seis años de cárcel para los tres acusados.