Francisco González y Villarejo ensombrecen el primer año de Carlos Torres en BBVA

Carlos Torres cumplirá este lunes su primer aniversario como presidente ejecutivo de BBVA. En estos doce meses su gestión ha estado enturbiada por el 'caso Villarejo' y por la herencia dejada por Francisco González (FG). Pocas han sido decisiones visibles y contundentes. Quizás la más relevante sea el cambio en la imagen del logotipo y la unificación de marcas en casi todos los países donde opera el grupo y la designación reciente del máximo responsable de la división española, Peio Belausteguigoitia, tras la dimisión de Cristina de Parias.

Su mandato ha estado marcado en todo momento por el desarrollo de las investigaciones, tanto internas como judiciales, del escándalo de las supuestas escuchas ilegales encargadas por la entidad al excomisario desde 2004 hasta 2017, con un coste de al menos 10 millones.

Es probable que Torres, antes de aceptar el cargo, ya fuera consciente de que sus inicios iban a estar ligados a tales investigaciones. Accedió a la presidencia con un año de antelación desde el puesto de consejero delegado. La jubilación de Francisco González estaba prevista para finales de 2019 o principios de 2020, pero renunció antes de tiempo y después de conocerse los vínculos de BBVA con Villarejo. Por entonces, aún no había saltado a la opinión pública el escándalo de la trama de espionaje. Eso ocurrió a los diez días de que el nuevo presidente ocupara el trono del segundo banco de nuestro país.

Desde ese momento, Torres ha tenido que lidiar con las consecuencias de los masivos pinchazos telefónicos a políticos, empresarios y periodistas (más de 16.000) que describe Villarejo en sus informes. Siempre a remolque de los acontecimientos, bien para defender a la institución que preside, bien para escurrir el bulto de las responsabilidades, bien para adoptar medidas más drásticas como la destitución del exjefe del área inmobiliaria, Antonio Béjar, o del director de servicios jurídicos, Eduardo Arbizu.

Presiones por doquier

La presión ha sido tal que no tuvo más remedio que convencer a González de que abandonara la presidencia de honor y de la Fundación, en marzo y en vísperas de la junta general de accionistas en la que se estrenaba en el sillón de mando. El BCE, el Gobierno, el sector y los inversores pidieron durante semanas que su antecesor dejará de tener privilegios (despacho, coche oficial, secretaria, etc) y se apartara definitivamente del banco ante las sospechas de estar detrás de los encargos a Villarejo. El primer contrato data de 2004 y el objetivo del mismo era investigar a la constructora Sacyr para bloquear su intento de control de la entidad con ayuda del Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

En las semanas previas al cese de González -que de momento es temporal- Torres hizo una encendida defensa de su predecesor, al que calificó como "guía" y "referente". "Me ha demostrado que es una persona de principios. Es una persona trabajadora, íntegra, exigente, incansable, para mi ha sido todo un ejemplo, claramente un visionario", llegó a señalar de González.

La presión continúa intacta por los efectos que pueda tener tanto reputacionales como económicos. El BCE, por ejemplo, ha reclamado recientemente al juez de la Audiencia Nacional el informe realizado por la propia entidad al estar el caso bajo secreto de sumario y el magistrado y los fiscales han reclamado a PwC -consultora que ha elaborado la investigación- nuevos datos al desconfiar de la colaboración de BBVA con la Justicia para esclarecer lo sucedido tras el interrogatorio intenso -unas quince horas- de su representante legal, como consecuencia de la imputación a finales de julio a la institución por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.

El banco ya ha advertido en distintos documentos que los hechos podrían acarrear, incluso multas, pero en octubre negó lo que los supervisores y el sector temen, un daño de imagen difícil de cuantificar y de recuperar.

Por el momento los inversores no han castigado a BBVA por la relación con Villarejo. Prefieren esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos. La cotización ha logrado escapar de las pérdidas generalizadas del sistema financiero y ha subido más de un 8% en el mandato de Torres, una de las pocas alegrías de su gestión.

Las escuchas seguirán salpicando en su segundo año como presidente. Se espera que próximamente la Audiencia Nacional levante el secreto de sumario y realice nuevas indagaciones. Además, está previsto que Torres modifique el consejo de administración e, incluso, la cúpula, en 2020 para eliminar cualquier tipo de sospecha e iniciar una etapa sin apenas lazos con la era de Francisco González.