Las elecciones del próximo mes son las segundas consecutivas marcadas por casos de corrupción. La amplitud y cantidad de investigaciones desgasta todavía más al PSOE en los sondeos
La precampaña electoral andaluza está marcada, como lleva ocurriendo con el conjunto de la vida política autonómica desde que a inicios de 2011 se destapara el caso de los ERE fraudulentos, por la corrupción. Tras las de marzo de 2012, las del próximo mes serán así las segundas elecciones consecutivas trufadas por la corrupción. La última operación de la Policía Nacional en la que se ha detenido a casi un centenar de personas en relación con el fraude en ayudas para cursos de formación en Málaga, Cádiz y Almería; el auto de la juez Mercedes Alaya que elevó a 265 los imputados en el caso ERE tras inculpar a 34 personas más relacionadas con la trama de ayudas ilegales a la comarca de la Sierra Norte de Sevilla; o el último atestado de la Guardia Civil que cifra en 1,9 millones los cobros ilegales de comisiones recibidos por UGT Andalucía de sus proveedores de confianza... Son ejemplos de lo que, semana tras semana, se va conociendo como un goteo desde hace cuatro años.
Pero, aparte de los ERE que provocaron año y medio después de su investidura la dimisión de Griñán y la cooptación de Díaz, durante estos tres años de mandato de PSOE e IU se han destapado otros relevantes casos de corrupción. La cuestión es si seguirán desgastando a los socialistas, que en 2012 lograron el peor resultado de su historia autonómica en Andalucía, bajando del millón y medio de votos; o si este desgaste ha llegado a su fin y el partido ha tocado suelo. Los sondeos indican por ahora que Díaz podría empeorar incluso los resultados de su antecesor.
Los nuevos casos aflorados son:
- Fraude en los fondos para formación. El caso tiene un doble origen. Por un lado, la juez Mercedes Alaya investiga toda la operativa de concesión, gestión, control, y justificación de los cursos en la última década y media. Ha tomado declaración a varios altos y exaltos cargos de la consejería de Empleo y tiene imputados a los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda, (titular de Hacienda entre 1987 y 1990 y reconvertido a empresario del sector de la formación). Este último está imputado también, junto a miembros de su familia, en un juzgado de Cádiz que investiga en concreto las ayudas recibidas por su entramado de empresas para formar a extrabajadores de la cerrada factoría de Delphi. La propia Alaya también investiga a la fundación pública Faffe, creada por la Junta en 2003 y absorbida a final de 2011 por el SAE (Inem andaluz), que recibió pero no justificó dos subvenciones por 49 millones.
Por otro lado, y a raíz de una denuncia de la Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga ante la Policía por irregularidades en el uso de fondos para la formación por parte de una veintena de empresas de la provincia, la Fiscalía Superior de Andalucía ordenó la apertura de diligencias en las otras siete provincias andaluzas ante la extensión apreciada por la Policía de esas irregularidades. Se trata de ayudas de los años 2009 y 2010 para empresas que formaban y se comprometían a contratar al 60 por ciento de alumnos.
En la primera fase de esta investigación, denominada caso Edu, se detuvo a 42 personas y se registraron 17 empresas; en la segunda fase han sido casi cien los detenidos -entre ellos cargos y excargos locales del PSOE y PP que han dejado sus responsabilidades- y se investiga a 52 empresas que recibieron 3 millones.
- Financiación ilegal de UGT Andalucía. El caso saltó en verano de 2013. Un juez de Sevilla ha imputado a 18 personas, entre ellos los dos últimos secretarios generales del sindicato, al extesorero y a varios trabajadores, así como a directivos de las empresas proveedoras que actuaban en connivencia para permitir al sindicato desviar fondos públicos para formación para sufragar gastos propios. La Guardia Civil cree que en la última década y media UGT-A creó y perfeccionó un sistemático fraude en subvenciones. La Junta le reclama la devolución de 15 millones, ya que comenzó a revisar expedientes tras desvelarse las irregularidades.
- Caso Madeja-Fitonovo. Una derivada del caso Mercasevilla, del que también nace el de los ERE, es el caso de la red de sobornos creada por la empresa sevillana Fitonovo en Andalucía, Extremadura, Canarias, Madrid o Castilla-La Mancha. La fiscalía cifra en al menos 4,3 millones los pagos a funcionarios y cargos públicos de PSOE, PP, IU y Coalición Canaria. El Ministerio Público pide también que la juez Alaya eleve el caso a la Audiencia Nacional por su extensión geográfica. La juez ha impuesto a la empresa una fianza de 2,1 millones por su responsabilidad desde 2010, cuando cambió la ley para hacer responsables a personas jurídicas de delitos cometidos por personas físicas en nombre de ellas.
