El Fiscal General, Michael Mukasey, ordenó este lunes una investigación para aclarar si hubo prevaricación en los despidos de nueve fiscales en 2006 y determinar los cargos penales que podrían afrontar algunos funcionarios republicanos.
Mukasey tomó la decisión después de recibir una recomendación del Departamento de Justicia, que ha elaborado un informe en el que critica las motivaciones políticas de los despidos y menciona la responsabilidad de congresistas republicanos y altos funcionarios de la Administración Bush.
"Este informe es un paso importante para saber más acerca de lo que pasó y tomar las acciones necesarias", dijo Mukasey. "Espero que sea un alivio para aquellos fiscales cuya reputación quedó injustamente en entredicho y que no se merecían el trato que recibieron".
Mukasey señaló que algunos de los aspectos a los que se hace referencia en el documento necesitan una "investigación más en profundidad" para determinar si hubo alguna irregularidad.
El informe destaca el despido del fiscal de Nuevo México, David Iglesias, como el más "preocupante". En las alegaciones que hicieron el senador republicano Pete Domenici y la representante Heather Wilson, para expulsar a Iglesias incluyeron fraude electoral y casos de corrupción pública.
El inspector general del Departamento de Justicia, Glenn Fine, y el director de la Oficina de Responsabilidad Profesional, Marshall Jarrett, indican que es necesaria una investigación porque "estas graves acusaciones involucran potenciales conductas delictivas que no han sido plenamente investigados o resueltas".
El Departamento de Justicia considera que la "principal responsabilidad" recae sobre el ex Fiscal General Alberto Gonzales &mdashque dimitió en agosto de 2007? por las críticas recibidas? por su falta de liderazgo y su falta de compromiso con el caso. Sin embargo, no lo implica como sospechoso de ningún delito federal o irregularidad administrativa, y apunta en su lugar hacia la jefa de personal del equipo administrativo de González, Kyle Sampson, como la persona que ideó el plan de los despidos. Añade además: que sus declaraciones sobre el caso al Congreso y a la Casa Blanca "fueron engañosas".
En el caso también estarían implicados el ex asesor de la Casa Blanca Karl Rove, la ex consejera de la Casa Blanca Harriet Miers y la ex funcionaria del Departamento de Justicia Monica Goodling, que ya fue investigada hace meses por un caso de prevaricación en un proceso de contratación de fiscales y jueces de inmigración.
Mukasey nombró a la fiscal federal de Connecticut Nora Dannehy para que dirija la investigación.
