En el año 2009 el estado norteamericano rescató de la quiebra a una serie de grandes compañías con dinero público. Entre ellas estaba General Motors, que recibió una importante ayuda financiera del programa creado al efecto TARP (Troubled Asset Relief Program).
Fue entonces cuando Obama se comprometió a obligar a los directivos de las principales compañías rescatadas a poner un techo de 500.000 euros a sus retribuciones anuales durante el tiempo que se tardara en devolver el montante de las ayudas.
Ahora, una inspección del programa TARP ha revelado que numerosos altos directivos de General Motors y de su filial crediticia Ally Financial han recibido en 2013 sueldos superiores al millón de euros. en concreto una media de tres millones de euros para 16 de los 47 principales responsables de ambas compañías.
El informe de la inspección acusa al tesoro público de haber ido relajando sus exigencias en estos últimos años y permitido que dichas retribuciones se incrementaran un 28% desde 2009, el año del rescate.
Las conclusiones de la inspección no llegan en buen momento para los directivos no para la compañía, ya que General Motors se encuentra envuelta en un escándalo por haber tardado diez años en llamar a revisión a sus automóviles por un defecto de fabricación.
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