El Consejo de Transporte europeo ha aceptado la propuesta de la Comisión para establecer un mínimo de infraestructuras para el uso de combustibles alternativos. Sin embargo, lejos de establecer unos estándares comunes a todos los países, han aceptado desarrollar y establecer planes nacionales que cumplan ciertos mínimos, pero que se basen en estrategias propias de cada Estado.
Igualmente, no solo han logrado suavizar los objetivos y adaptarlos a las necesidades de cada país, sino que también se han pospuesto diez años más los límites para cumplirlos, ampliando el plazo hasta 2030.
Esta decisión se engloba en la iniciativa europea de Energía limpia para el Transporte y su objetivo principal es preparar una estrategia sostenible que asegure el abastecimiento de estos combustibles y tecnologías, entre los que se encuentran el coche eléctrico, el hidrógeno, el gas natural licuado y el gas natural comprimido, fijando un número mínimo de puntos de recarga y estaciones de servicios a lo largo de toda la Unión Europea.
Para ello, cada Estado deberá realizar un análisis exhaustivo de su situación actual que remitirá a Bruselas. Basándose en estos informes, la Comisión publicará unos objetivos nacionales para cada tipo de infraestructura y combustible.
Según explica el organismo en una nota, el objetivo de esta iniciativa es facilitar el desarrollo de nuevas tecnologías en el mundo del motor. Asimismo consideran que la creación de infraestructuras suficientes y normas que las respalden es crucial para aumentar la demanda de consumo para combustibles alternativos, al mismo tiempo que se anima a los fabricantes a desarrollar y construir tales vehículos.
Objetivos y plazos de Bruselas
Por otro lado, Bruselas apuesta por estos combustibles en todos los modos del transporte para reducir la dependencia del petróleo y mejorar así la seguridad energética de la Unión Europea, y reducir además la emisión de gases de efecto invernadero.
En cuanto a los plazos para realizar los análisis en cada Estado, el organismo se muestra bastante flexible, dando el tiempo necesario a cada país, para que los datos que remitan se ajusten fielmente a la realidad. Una vez establecidos los parámetros se podrá iniciar las negociaciones entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión.
Según Bruselas, España cuenta actualmente con 1.356 puntos de recarga eléctricos operativos y de momento la meta está establecida en un mínimo de 47.000 puntos.
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