Con el objetivo de trasponer la directiva europea de eficiencia energética en España, el Gobierno estudia imponer un límite de ventas de combustible a las principales petroleras del país que, de ser superado, conllevaría una penalización en forma de tasa ecológica.
Según explica hoy Expansión, el Ejecutivo quiere incluir la distribución de carburantes dentro del objetivo de eficiencia energética de la Unión Europea de ahorrar un 20% de todo el consumo energético para el año 2020.
Para ello, y con el fin de reducir el consumo de carburantes, ultima la implantación de un límite de ventas a las grandes compañías que poseen las mayores redes de estaciones de servicio como Repsol, Cepsa, BP o Galp. Cuando éstas se excedieran de dicho tope marcado por el Gobierno, deberían acudir a la compra de una suerte de "certificados blancos" que permitirían seguir vendiendo más litros por encima del límite; sería una suerte de prerrogativa que recuerda al mercado de bonos de carbono al que acuden los países que más emisiones generan para cumplir con los objetivos del Protocolo de Kioto.
Sin embargo, y a falta de que se suministren más detalles de la eventual puesta en marcha de este sistema por parte del Gobierno, se abre un escenario de incertidumbre para las compañías petroleras. ¿Quién debe pagar cuando la que exceda el límite sea, como ocurre por ejemplo en el caso de BP, una gasolinera franquiciada: la empresa o el franquiciado? ¿El establecimiento o el grupo empresarial?
Industria ya ha comunicado a las petroleras sus planes y éstas confían en que se les otorgue cierta capacidad de negociación ante el temor de los que los efectos negativos que puede suponer la eventual asunción de ese límite de ventas a la incipiente recuperación de su negocio, que después de cuatro años a la baja comienza a repuntar levemente en los últimos meses.
Petroleras: límite a su cuota de mercado
