Economía/Motor.- UPyD propone un recargo del 50% en el impuesto por adquisición de vehículos superiores a 30.000 euros

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) propone al Gobierno establecer un recargo en el impuesto por adquisición de vehículos para gravar con un 50% extra los coches de alta gama cuyo precio supere los 30.000 euros, lo que de facto implicaría añadir, de media, un 5% de gravamen sobre el exceso de precio por encima de la cantidad mencionada.

Así consta en una de las enmiendas parciales presentadas por la formación magenta en el Congreso al proyecto de ley de Medidas Tributarias para la Consolidación de las Finanzas Públicas, a las que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, UPyD propone "incrementar, a modo de imposición sobre el lujo, el impuesto que grava la adquisición de vehículos de gama alta con un recargo del 50% de la cuota correspondiente al exceso del precio que supere los 30.000 euros, lo que implica de media un gravamen de en torno al 5% sobre ese exceso por encima de los 30.000 euros".

Además, precisan que lo recaudado por este concepto deberá estar destinado a las arcas estatales y no a las autonómicas para que "el aprovechamiento de estos nuevos ingresos presupuestarios pueda ser realizado con criterios de igualdad".

IMPUESTO DE PATRIMONIO

Por otra parte, también reclaman una "reforma en profundidad del Impuesto de Patrimonio", añadiendo que en tanto esa revisión se produce sería conveniente reducir del 100 al 75% la exención que disfrutan las participaciones empresariales en este gravamen, que tiene "unos requisitos excesivamente benévolos", lo que a juicio de UPyD constituye "un grave problema de falta de equidad o injusticia comparativa".

En otra enmienda, proponen modificar la Ley de Haciendas Locales para limitar del 95 al 25% las bonificaciones en el IBI que pueden decidir los ayuntamientos para actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal.

En la misma línea, también exigen imponer un techo del 25% a las deducciones y bonificaciones aprobadas por las comunidades autónomas, que "no podrán aplicarse en ningún caso sobre la cuota que corresponda a bienes y derechos situados en el extranjero". Sólo así se podrá evitar "la disparidad de tratamientos en el Impuesto sobre el Patrimonio" en las diferentes regionales, que "constituye una violación flagrante del principio constitucional de igualdad que no pude sostenerse por más tiempo, cuando además lleva aparejada una pérdida de recaudación que afecta a los objetivos de consolidación fiscal".

Asimismo, UPyD exige una revisión del método de cálculo del cupo vasco y de la aportación de Navarra, de modo que se realice "correctamente" y quede así "garantizada la equidad interterritorial".

TASAR LOS BENEFICIOS FINANCIEROS

Por último, la formación magenta ha presentado un paquete de enmiendas relativas a las entidades financieras y otras figuras empresariales. Así, propone que desde el próximo 1 de enero se aplique un recargo del 3% sobre el tipo del Impuesto de Sociedades a las entidades financieras "con carácter extraordinario y transitorio" durante diez años.

El objetivo es "recuperar parte" de los fondos públicos que se están inyectando para rescatar los bancos y las cajas de ahorros, gravando de forma más intensiva sus beneficios.

Asimismo, se propone modificar el régimen fiscal de las SICAV para "hacerlo coincidir con el vigente en los países del entorno" de España, de modo que "tributen en un régimen de transparencia fiscal que obligue a imputar a sus socios los beneficios obtenidos con carácter anual".

La incorporación de un "nuevo desincentivo" a la radicación de bienes fuera de España mediante su exclusión de las bonificaciones previstas en la Ley del IRPF a las transmisiones lucrativas por causa de muerte del contribuyente siempre que los bienes no sean activos financieros, y la introducción de un límite de 600.000 euros a las remuneraciones diferidas de directivos para evitar abusos completan las propuestas.

LUCHAR CONTRA EL FRAUDE

Finalmente, UPyD hace también referencia a la necesidad de intensificar la lucha contra el fraude, con enmiendas en las que pide la derogación de la 'amnistía fiscal', el refuerzo de los recursos humanos de la Agencia Tributaria (Aeat) y el establecimiento de una tasa de reposición del 100%.

Además, se propone una retención en el IRPF del 2% de las rentas satisfechas por las entidades contratistas o subcontratistas con el sector público de obras, servicios o suministros. El objetivo es que "cualquier contratista practique una retención fiscal con carácter de impuesto a cuenta en los pagos que realice a sus subcontratistas personas físicas", que de esta manera "podrá deducir esa retención en su IRPF" mientras que la Aeat recibirá una parte de cobro anticipado e información sobre las bases de tributación.

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