Concepto de Acción de oro
La acción dorada, o acción de oro, da a su poseedor el derecho de veto sobre cualquier acción ordinaria, anulando así sus derechos políticos. Suelen encontrarse en las empresas que han sido privatizadas, ya que el Estado quiere mantener el control aunque no tenga la mayoría de acciones. De este modo, puede defender los activos o negocios que fueron estatales frente posibles compras hostiles por parte de terceros.
Aunque las acciones ordinarias son equivalentes en derechos económicos (cobro dividendos) como políticos (votos en Juntas Generales), el derecho político de la acción dorada prevalece sobre la suma de todas las demás acciones. Por tanto, es una acción que tiene la mayoría de derechos políticos con independencia del porcentaje de acciones que tenga su dueño.
Por ejemplo, en una empresa hay dos dueños, el A y el B, el dueño A tiene el 15% de las acciones y el dueño B el 85%. Si el dueño A tiene la acción de oro podrá vetar cualquier decisión que tome el dueño B con independencia de que éste tenga la mayoría de acciones.
Estas acciones aparecieron en los años 80 cuando se popularizaron las privatizaciones de empresas estatales cuya actividad solía ser vital para la economía nacional. Debido a la estrategia de los negocios, los estados no querían deshacerse del control político por lo que idearon la forma de no perderlo aunque no tuviesen la mayoría de votos. El primer país que lo implementó fue el Reino Unido. De este modo ingresó dinero por la venta de las acciones pero no perdió el control, pudiendo así defender la empresa frente a posibles ofertas de compra hostiles por parte de una empresa extranjera.
La Unión Europea siempre ha sido contraria a la acción de oro, ya que uno de los cuatro pilares de la unión es la libertad de movimientos de capitales. Por este motivo condenó a los países que tenían en su posesión, entre ellos España que la tenía sobre Telefónica, Repsol, Argentaria, Tabacalera o Endesa. Aunque en realidad España nunca la ha usado, su simple existencia hizo desistir a KPN su fusión con Telefónica o a EDP para hacerse con Hidrocantábrico.
Aunque los Estados han buscado otros mecanismos legales, como la Ley 3/2013 que amplía los activos que considera estratégicos, entre ellos el petróleo. Esto permite proteger los activos que tienen Repsol, Cepsa o CLH en España.
Xavier Brun es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y director del Máster en Mercados Financieros de la UPF Barcelona School of Management (Universidad Pompeu Fabra)
