Cuando parecía que la batalla judicial llegaba a su fin en la familia, la Audiencia de Barcelona ha imputado al padre de Arantxa Sánchez Vicario, Emilio Sánchez, al hermano Javier Sánchez, al abogado Bonaventura Castellanos y al economista Francisco de Paula por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración fraudulenta, falsedad en documento público y deslealtad profesional.
Según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Sección 10 de la Audiencia ha estimado el recurso de apelación de la ex tenista contra la decisión del Juzgado de Instrucción 28 de Barcelona de archivar la causa al considerar que no había "indicios de criminalidad" para imputar a los querellados.
La Audiencia cree que este archivo se produjo sin haberse hecho suficientes diligencias en la instrucción que permitieran saber la "suficiencia o no" de indicios de criminalidad, por lo que ha citado a los querellados a declarar como imputados.
Las acusaciones de la tenista
En la querella que ahora ha reabierto la Audiencia de Barcelona, Arantxa asegura que durante su carrera profesional -desde que tenía 14 años hasta finales de los juegos olímpicos de Atenas- su padre y el abogado Castellanos "asumieron todas las decisiones relativas a la administración de las empresas" constituidas para proteger su patrimonio e invertir sus beneficios económicos.
"Con la sorpresa de encontrarse que la Inspección de Hacienda había dictado un acta de infracción por liquidación incorrecta de impuestos personales (IRPF) con una sanción administrativa total de 5.250.000 euros", según se recoge en el auto.
Asegura la tenista que tras estos hechos perdió la confianza en ellos y encargó una auditoría interna de las cuatro sociedades titulares de su patrimonio inmobiliario y activos financieros.
Según el auto, la tenista asegura que tras este estudio constató la "existencia de numerosas órdenes de reintegro de fondos en efectivo y transferencias bancarias emitidas por su padre, su hermano, el abogado y una cuarta persona ajena al ámbito familiar, por un importe total de más de 16 millones de euros".
El conflicto familiar
La reapertura judicial de esta batalla familiar se produce cuando las revueltas aguas parecían haberse calmado y los Sánchez Vicario parecían haber llegado a un acuerdo para evitar verse las caras en los tribunales.
El detonante de la ruptura, que desembocó en un sinfín de batallas judiciales, había sido la decisión de Arantxa de casarse con su actual marido, Pep Santacana. Ocurrió en 2008. Los padres, siempre vigilantes en todo lo relacionado con la menor de sus cuatro hijos, no se fiaron del yerno. Contrataron a un detective privado y mostraron a Arantxa las conclusiones, que no dejaban en buen lugar a su prometido.
Arantxa se sintió dolida, vejada y humillada por aquel episodio de espionaje familiar, como ella misma narró en su libro. Los padres, Emilio y Marisa, siempre desmintieron ese espionaje en la vida privada de su hija y su entonces prometido.
A los motivos personales de la ruptura familiar se unieron los económicos. Arantxa, que durante su carrera se había desentendido por completo del dinero, fue condenada por estafar a Hacienda 3,5 millones. Para evadir impuestos, había inscrito su domicilio en Andorra cuando, en realidad, residía en Barcelona.
La jugadora siempre aseguró que no fue decisión suya sino de su entorno. Un banco avaló el pago, pero la ex tenista tenía que saldar la deuda. Arantxa pidió explicaciones a su padre y se encontró con la sorpresa de que gran parte de sus ganancias habían expirado. Arantxa culpó a Emilio de haberla dejado en la "ruina", y afirmó que carecía de recursos financieros para afrontar la situación.
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