La infanta Cristina entra al juzgado para declarar como imputada

PALMA DE MALLORCA (Reuters) - En un barrio de Palma de Mallorca tomado por la Policía y los medios de comunicación, la infanta Cristina entró el sábado a un juzgado donde presta declaración por un presunto delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales, en un caso de corrupción que ha situado a la monarquía en uno de sus momentos más difíciles desde su restauración hace casi cuarenta años.

Cristina de Borbón, el primer miembro de la Casa Real que se sentará en el banquillo, declarará por su participación a medias con su marido, Iñaki Urdangarin, en la sociedad Aizoon, a la que se sospecha que el yerno del Rey desvió parte de los fondos públicos con los que supuestamente se enriqueció de forma ilícita.

La llegada de la infanta, de 48 años y séptima en la línea de sucesión al trono español, se produjo apenas 15 minutos antes de su declaración, prevista para las 1000 hora local.

Cristina llegó en coche y se bajó a pocos metros de la entrada del juzgado de Palma, andando unos pasos y saludando y sonriendo a las decenas de fotógrafos y cámaras procedentes de todo el mundo que esperaban su llegada en una soleada mañana en la capital balear, mientras un amplio despliegue policial bloqueaba las calles colindantes y unos 200 agentes vigilaban la zona.

El acontecimiento en Palma - la misma ciudad que dio nombre al título de duques de la pareja al casarse - simboliza el alcance de los casos de corrupción surgidos al calor de la burbuja inmobiliaria en España, que han indignado a unos ciudadanos ahogados por cinco años de crisis económica.

"Yo soy monárquico, pero si lo han hecho mal, que devuelvan lo que han robado, que se vean como nosotros", dijo Ángel Rodríguez, un jubilado de 80 años que paseaba cerca de la sede de los juzgados.

En los aledaños había varios centenares de personas con banderas republicanas y catalanistas coreando lemas contra la monarquía y a favor del juez Castro.

"Para mí la monarquía es una lacra, lo único que le preocupa es ganar dinero, salir bien en la tele. No creo que nunca hayan sido útiles y ahora quedan en evidencia", dijo Bartomeu Miró, un informático de 25 años que paseaba por el centro de la ciudad.

En un acto que ha atraído la atención de todo el mundo con alrededor 400 periodistas acreditados, se han sucedido varias manifestaciones. El viernes se manifestaron decenas de funcionarios contra los recortes públicos y pidiendo luchar "contra la corrupción institucional".

La Casa Real ha tratado de distanciarse de la pareja, que no interviene en actos públicos desde octubre de 2011, pero el goteo de las revelaciones en una instrucción judicial que ya dura más de tres años y el accidente sufrido por el Rey en una cacería en Botsuana en 2012 - tras el cual ha sido operado en varias ocasiones de ambas caderas - han perjudicado notablemente la imagen de la institución.

La popularidad del Rey - muy apreciado durante décadas por su papel en la transición a la democracia - se encuentra en mínimos, y una mayoría de españoles, según los sondeos, quiere que abdique en su hijo el príncipe Felipe, una posibilidad descartada por la Casa Real.

"NO DEBERÍA SER TAN COMPLICADO"

El juez José Castro va a ver culminado su intento de interrogar a la infanta, que inició en abril de 2012 con una primera imputación rechazada posteriormente por la Audiencia Provincial de Palma, en un trámite que, recuerda, "se cuenta por miles en el quehacer judicial de España (...) sin que a nadie se escandalice".

La imputación está apoyada por la acusación popular del grupo anticorrupción Manos Limpias y ha sido rechazada por la fiscalía, que ha acusado al juez de apoyarse en una "teoría conspiratoria" para tomar su decisión.

En su auto de imputación, de 227 páginas, Castro afirmó que "no debería parecer tan complicado entender, o quizás explicar, que cuando menos - y se ha de insistir en el paroxismo que de momento es sólo eso lo que se pretende - se ha de brindar a Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia la oportunidad de facilitar explicaciones".

El magistrado considera que Aizoon fue una de las sociedades pantalla utilizada por el Instituto Nóos, una entidad supuestamente sin ánimo de lucro presidida por Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres pero que habría malversado fondos públicos por hasta seis millones de euros.

La infanta, como partícipe de la sociedad a medias con su marido, se benefició de "los fondos ilícitamente ingresados" en Aizoon y pagó menos impuestos a Hacienda al cargar gastos personales a la sociedad, señala el juez instructor.

El delito fiscal existe cuando se defrauda una cuantía superior a 120.000 euros, pero aunque la actuación de la infanta no superara esa cuantía, seguiría constituyendo un fraude a Hacienda, recordó la abogada Aína Díaz, miembro del equipo jurídico del Frente Cívico Somos Mayoría, que se ha personado también como acusación popular.

Díaz, que criticó duramente la actuación del fiscal respecto a la acusación a Cristina de Borbón, dijo a Reuters que la declaración de ella no debería bastar para sobreseer su imputación, y que deberían iniciarse unas diligencias probatorias.

SIN IMÁGENES

Sobre Castro, de 66 años, que ya se atrevió a investigar al expresidente de Baleares Jaume Matas, condenado por corrupción, es difícil encontrar críticas.

"Es un tío muy recto, lo ha demostrado en varios casos", dijo a Reuters Josefina Blanco, de 52 años, una abogada que trabaja en los tribunales. "Es muy honesto, trabajador, justo".

El momento más simbólico del descenso a la realidad para la infanta - que lleva días preparando su declaración con sus abogados en Barcelona - vendrá con la entrada en el juzgado, que se hace por una rampa de 30 metros que recorrió ya su marido en dos ocasiones, Torres y los demás imputados, pero para el que ella ha recibido permiso para hacerlo en coche por motivos de seguridad.

La infanta trasladó su domicilio a Suiza el año pasado en un intento de huir de la atención de los medios.

Salvo que voluntariamente decida hacer el recorrido a pie, es difícil que vaya a haber imágenes del momento, puesto que la declaración se grabará solo en audio y se requisarán los móviles, tabletas y otros dispositivos de los abogados a la entrada.

La declaración podría poner fin a la instrucción del caso Nóos, aunque el juez aún tiene que responder a una petición de Manos Limpias para extender la investigación a los fondos que la candidatura olímpica de Madrid 2016 pagó a otra empresa de Urdangarin.

A partir de ahí, elaborará un auto de procedimiento abreviado en el que incluirá a las personas que cree deben ser procesadas y que puede ser recurrido por las partes, y posteriormente, el auto definitivo de apertura de juicio oral, para el que no hay fecha.

/Por Teresa Larraz Mora/