El Gobierno inicia la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

MADRID (Reuters) - El Gobierno inició el viernes el proceso de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, con la que pretende aumentar el control sobre las entidades que gestionan los derechos de autor, así como reforzar la lucha contra la piratería en Internet sancionando a empresas de publicidad y de servicios de pago que colaboren con páginas que difundan contenidos protegidos.

El anteproyecto de ley ha sido recibido con críticas por parte de las entidades de gestión de los derechos, que también se han mostrado en contra del nuevo concepto de copia privada que incluye por considerar que perjudicará a los ciudadanos y beneficiará a las multinacionales tecnológicas.

"(Es una) filosofía de persecución a quienes realizan a gran escala estos actos de difusión ilícita, tanto alojadores como facilitadores mediante enlace, y de excluir a quienes no lo hacen de forma maliciosa", dijo el ministro español de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La reforma permite al Gobierno afrontar dos problemas: los escándalos que han sacudido a una de las principales entidades gestoras de los derechos de autor en España, la Sociedad General de Autores de España (SGAE), y la piratería en Internet, un fenómeno especialmente frecuente en el país, que le ha supuesto críticas por parte de las industrias culturales y de gobiernos como Estados Unidos.

Una de las primeras medidas del Ejecutivo del Partido Popular cuando llegó al poder hace poco más de un año fue la de crear una comisión que permitiera sancionar a quienes difundieran contenidos protegidos con ánimo de lucro.

Respecto a las entidades de gestión, se establece un catálogo de obligaciones en el que se incluirá la de realizar auditorías, y se aprueban sanciones que podrían llegar hasta el 2 por ciento de su cifra de negocio.

Las presuntas irregularidades financieras en la SGAE llevaron a una investigación judicial que sigue abierta en la que está imputado su ex presidente, Teddy Bautista.

La institución, una de las más impopulares de España por lo que se considera un desmedido afán recaudatorio y que ha pedido el cobro de derechos en casos como la música en bodas, tendría limitada la capacidad unilateral de imponer tarifas, como el resto de entidades, según recoge la reforma.

Las entidades de gestión censuraron lo que calificaron de falta de diálogo del Gobierno y las reformas que propone.

"Muchas de las medidas que se incorporan en este Proyecto de Ley no sólo no garantizan esta transparencia sino que están claramente dirigidas a perturbar la gestión que hemos de realizar en defensa del interés general", dijeron en un comunicado.

CORTAR FONDOS A WEBS ILEGALES

Uno de los aspectos más llamativos de la reforma es la posibilidad de sancionar a agencias de publicidad y empresas de servicios de pago que colaboren con páginas en las que se difundan contenidos que vulneran los derechos de autor.

Además, fortalece las sanciones, que en los casos de incumplimientos reiterados de la retirada de contenidos ilícitos pueden ir desde 30.000 a 300.000 euros.

Preguntado por los resultados de la comisión antipiratería creada por la llamada Ley Sinde-Wert y que en un año solo ha resuelto 30 de 363 denuncias presentadas, el ministro se refirió a las dificultades de su puesta en marcha.

"Hubo que (...) soportar utilizaciones maliciosas de ese órgano por parte de gente que quería atascarla", afirmó

"Aunque cuantitativamente puedan parecer resultados modestos en actividad sancionadora, es más importante lo que se ha conseguido en interrupción de actividad ilegítima", agregó.

El anteproyecto de ley acota el concepto de copia privada, restringiendo las que se consideran lícitas, lo que también recibió las críticas de las entidades de gestión.

"De un lado perjudica a los ciudadanos al convertir en ilícitos, prácticamente, todos los actos de copia privada", dijeron en el comunicado.

"De otro, exonera del pago (...) a los verdaderos causantes del daño objeto de indemnización: las empresas multinacionales que fabrican o importan aparatos y soportes con capacidad de copia o almacenamiento de contenidos protegidos por la propiedad intelectual", añadieron.

La compensación por copia privada - que luego se entrega a las entidades de gestión de los derechos de autor - fue modificada ya por este Gobierno, eliminando el llamado "canon digital" y cargándola en los Presupuestos Generales del Estado.

Ahora se abre un proceso de consultas que podría durar entre dos y tres meses en que Gobierno se reunirá con las entidades afectadas y recibirá los dictámenes de distintos organismos, como el consejo de consumidores y usuarios, antes de iniciar su tramitación parlamentaria.

Aún con esta reforma en marcha, el ministro abrió la puerta a la elaboración de una nueva ley de propiedad intelectual en esta misma legislatura.

/Por Teresa Larraz Mora/