MADRID (Reuters) - La jornada de huelga en los servicios ferroviarios en España transcurría el viernes con normalidad en las primeras horas de unos paros convocados contra la liberalización anunciada recientemente por el Gobierno.
Seis sindicatos han convocado a los 30.000 trabajadores de Renfe, Adif y Feve a una jornada de protesta de 24 horas que coincide con la operación salida de agosto y para la que se estiman unos servicios mínimos del 60 por ciento en Cercanías y del 75 por ciento en larga distancia y alta velocidad.
En la madrileña estación de Atocha, desde donde parten trenes a todos los puntos de España y cabecera de los trenes de alta velocidad, varias decenas de trabajadores protagonizaron pitadas en un ambiente generalizado de tranquilidad.
"Sin incidencias reseñables, se están cumpliendo los servicios mínimos con normalidad, en el turno de noche la incidencia ha sido del 80 por ciento", dijo a RNE el portavoz ferroviario de la Unión General de Trabajadores (UGT), Miguel Ángel Escolano, que consideró abusivos los servicios mínimos.
Las protestas están convocadas contra el proyecto de ley que pretende abrir a la competencia el servicio de pasajeros del transporte de ferroviario a partir de julio de 2013 y la segregación en cuatro compañías de la actual Renfe.
El secretario de estado de infraestructuras del Ministerio de Fomento, Rafael Catalá, explicó que la situación de Renfe, Adif y Fede era "realmente preocupante" y defendió las medidas, que se enmarcan dentro de los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy para reducir el déficit público.
Según datos aportados por Catalá, Renfe, que transporta 470 millones de viajeros al año, perdió en 2011 unos 335 millones de euros, con una deuda acumulada de más de 5.000 millones de euros. Mientras, Adif, el gestor de las infraestructuras, acabó 2011 con pérdidas de 206 millones de euros y un pasivo acumulado de 15.000 millones de euros.
"Esas circunstancias a cualquier gestor responsable le obliga a plantearse la necesidad de abordar una mejora, manteniendo la calidad del servicio, manteniendo un gran operador público (..) pero adoptando medidas que permitan que los españoles dejemos de aportar prácticamente 2.500 millones de euros al año de los impuestos para este tipo de servicios", dijo Catalá a RNE.
