Los famosos británicos, ¿nuevas víctimas de las redes sociales?

LONDRES (Reuters) - El ex gobernante Hosni Mubarak no logró contener la revuelta de Egipto cerrando la conexión a internet. Siria no pudo evitar que las escenas de su violenta represión aparecieran en YouTube tras ser grabadas desde móviles.

Estados Unidos tuvo problemas para impedir la difusión de los cables de WikiLeaks, mientras los esfuerzos de las autoridades de China no han logrado parar la disconformidad expresada en foros y páginas online.

Y ahora puede que una serie de famosos británicos, que esperaban que las caras medidas de seguridad ocultaran romances o indiscreciones, sean las últimas víctimas del creciente poder de internet y las redes sociales.

Nadie sabe exactamente cuántos actores, deportistas, compañías y otros han obtenido dictámenes judiciales en los últimos años para impedir la publicación de acusaciones dañinas. Los cálculos oscilan entre unas pocas decenas y 200.

Disponibles sólo en Reino Unido pero en teoría de alcance mundial, las medidas cautelares no solamente impiden a los medios mencionar los detalles de casos judiciales y las identidades de aquellos involucrados, sino además la propia existencia de la maniobra legal.

Infringir la orden conllevaría acusaciones de desacato ante la justicia, una multa ilimitada y hasta dos años en prisión.

Los medios más importantes han obedecido la orden en la mayoría de los casos, pero en las últimas semanas de todos modos se filtraron una serie de identidades y detalles ocasionalmente explícitos, principalmente vía Twitter e internet en general.

El caso de más alto perfil, el del futbolista del Manchester United Ryan Giggs, salió a la luz hace unas semanas en los medios después de que un miembro del Parlamento usara su "privilegio legislativo" para nombrarlo después de que decenas de miles de usuarios de Twitter hicieran lo mismo.

"Es el último ejemplo de cómo las redes sociales permiten divulgar algo. En un mundo globalizado, controlar la información de esta forma se está haciendo mucho más difícil", dijo Jonathan Wood, analista de asuntos globales para la consultora Control Risks, con sede en Londres.

SITUACION INSOSTENIBLE

Los críticos dicen que las medidas permiten a ricos y poderosos comprar el silencio de los medios. Los abogados estiman que obtener una súper medida cautelar probablemente cueste unas 100.000 libras (112.000 euros).

Pero sus partidarios aseguran que éstas todavía valen la pena y que son muy requeridas.

"Los acontecimientos recientes no han acabado con las peticiones de ayuda para proteger la divulgación ilegal de información privada", dijo Magnus Boyd, un socio de la firma de abogados Carter-Ruck, reconocida por representar a clientes deseosos de privacidad frente a periódicos británicos.

Pero el primer ministro David Cameron y otros importantes políticos dicen que se necesita una nueva "ley de privacidad" en vez de dejar el asunto a la discreción de tribunales y jueces.

Cameron afirmó que el procedimiento creaba una situación "insostenible" en la que los medios no pueden informar sobre algo de lo que todo el mundo estaba hablando.

Algunos esperan que una nueva ley en Reino Unido dé pie a una guía para una regulación más amplia a nivel europeo e internacional, protegiendo a individuos de acusaciones indecentes y a menudo inciertas que podrían arruinar familias o negocios.

Sin embargo, otros advierten que el sistema podría ser ineficaz.

Dado que internet no sabe de fronteras, los sitios radicados en otros países podrían hallar la forma de eludir cualquier ley. WikiLeaks, por ejemplo, ya ha trasladado sus servidores a países que considera más amigables, como Islandia.

Se dice que algunos famosos quieren tomar acciones legales para forzar a Twitter a identificar a aquellos que violan las medidas cautelares y divulgar los nombres de cuentas de anónimos. Algunos sostienen que el sitio de microblogs debería aplicar controles.

"Tal vez los verdaderos infractores aquí son plataformas como Twitter, que controlan el flujo de información sin querer asumir la responsabilidad de moderar el contenido. Debería ser posible implementar algún tipo de filtro para limitar el flujo de contenido ilegal", indicó Boyd, de Carter-Ruck.