La Junta de Andalucía avanza para poner límites al alquiler de apartamentos vacacionales entre particulares. La Consejería de Turismo y los agentes sociales y económicos han aprobado del nuevo decreto para sacar de la economía sumergida a las viviendas o habitaciones que se usen con fines turísticos en la comunidad andaluza y que responde a las exigencias de los hoteles.
Con este decreto, Andalucía dispondrá por primera vez de una norma específica para regular la explotación con de apartamentos por parte de sus propietarios por periodos de estancia inferiores a un mes.
Para ello, se creará un registro para este tipo de alojamientos que servirá de control y garantía para el servicio turístico que se preste a las personas usuarias. El objetivo es aflorar las actividades turísticas desarrolladas de forma irregular.
Según expone la Consejería en su comunicado, esta medida se toma "atendiendo a una demanda del sector hotelero". El borrador de la norma define qué es una vivienda de usos turístico, los requisitos y servicios comunes que deben cumplir, el sistema de precios y reserva y el régimen de funcionamiento y comercialización. Asimismo, contempla un régimen sancionador y un sistema de inspección de dichas viviendas.
El pasado año, el Gobierno incluyó dentro de su Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) una normativa por la que dejaba en manos de las comunidades autónomas la legislación de las viviendas de uso turístico. En el caso de Andalucía, la medida afectaría a unas 15.000 personas, tanto propietarios, como agencias que gestionan los alojamientos.
Por la legalidad
Fuentes sindicales han indicado que una vez abordado y dado el visto bueno por los agentes sociales, en el marco de un "consenso político" este proyecto de decreto pasará por los trámites legislativos, donde los sindicatos esperan que "se pueda enriquecer el decreto, aunque ya es bastante completo".
Las fuentes han recordado que este proyecto de decreto pretende luchar contra la competencia desleal y situación de intrusismo y conseguir que "afloren las viviendas turística, ahora mismo sumidas en la alegalidad, y puedan estar regladas".
Las fuentes resaltan que "el objetivo compartido de sindicatos y empresarios es que se pueda comercializar viviendas turísticas pero siempre en el marco de la legalidad y pagando impuestos, todo de forma legal", tras lo que estiman que "antes de septiembre pueda entrar en vigor el decreto de viviendas turísticas", lo que supondría que Andalucía "sería la segunda comunidad tras Cataluña en regularizar las viviendas.
Fuentes sindicales consideran importante "cuantificar y hacer balance de como estamos ahora mismo para poder legalizar las viviendas turísticas; la idea es que afloren este tipo de viviendas y haya una garantía de calidad".
"Queremos que haya diversidad de oferta, de distintos formatos y que sea, ante todo, legal y todo transparente, en régimen de igualdad y oferta reglada", han agregado las fuentes.
Contra la estacionalidad
Además, esta tarde, el Consejo de Turismo, donde además de los agentes sociales se encuentran la economía social, representantes de los municipios, ecologistas, consumidores y expertos, ha aprobado el Plan Director de Promoción Turística, el Plan Director de Ferias y Congresos y el Plan Estratégico contra Estacionalidad Turística.
Los agentes sociales estiman que este plan contra la estacionalidad se pueda aprobar en Consejo de Gobierno de aquí a un mes o dos meses y han reconocido el aumento de la estacionalidad desde el inicio de la crisis, teniendo en cuenta que el mercado nacional es muy estacional. En ese sentido, el plan propone trabajar otras ofertas para el mercado nacional, como minivacaciones, fines de semana, puentes o escapadas, con vistas a romper esa estacionalidad.
Además de buscar nuevos mercados y poner en valor la oferta para los beneficiarios de turismo social, segmentos como el golf o cruceros; otra línea se centrará en "incentivar y motivar a las empresas que apuesten por romper la estacionalidad", proporcionándole herramientas de Turismo Andaluz o proponer a los ayuntamientos que bonifiquen el IAEA o el IBI de los hoteles que abran todo el año.
Ya la Junta recordó que había hecho un estudio e indicaba que a 1 de marzo, el 54% de habitaciones disponibles estaban cerradas y el 48% de establecimientos turísticos estaban cerrados, frente a lo que consideraba que "Andalucía no se podía permitir el lujo de tener cerrado tantos establecimientos en época media baja, pues tener un hotel cerrado significaba que no se genere empleo, ni riqueza y es una pérdida de posibilidades económicas".
El plan contra la estacionalidad se prolonga hasta 2020 y se va a ejecutar mediante planes de choque bienales, estando previsto que el primer plan de choque se presente en septiembre de 2014. El objetivo es ir reduciendo cada año cinco puntos la tasa actual de estacionalidad e incluye medidas para potenciar la generación de empleo y de empleo de calidad.
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