El Parlamento de Andalucía ha aprobado hoy, con los votos del PSOE e IU y el rechazo del PP, la ley de medidas para garantizar la función social de la vivienda que sustituye al decreto-ley antidesahucios recurrido por el Gobierno, y que permite la expropiación temporal del uso de la vivienda. El pasado mes de julio, el Tribunal Constitucional anunció la suspensión del decreto de Andalucía contra los desahucios.
Es la nueva regulación antidesahucios que Andalucía ha sacado adelante después de que el anterior decreto ley sobre función social de la vivienda quedara paralizado tras el recurso que interpuso el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional.
Las novedades
Como novedades, esta ley amplía respecto al anterior decreto la posibilidad de que la expropiación temporal del uso de la vivienda pueda ser solicitada también por los avalistas, autónomos y personas con hipotecas puente, a la vez que "protege" a los desahuciados por impago del alquiler.
Interés social
Así, en una disposición adicional primera, se declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social que, como consecuencia de la ejecución de un aval que las mismas hayan prestado en orden a garantizar un crédito hipotecario, hayan de responder con su propia vivienda habitual, por encontrarse incursas en un procedimiento de ejecución o apremio instado por una entidad financiera, sus filiales inmobiliarias o entidad de gestión de activos.
Igualmente, se declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas dadas de alta en la Seguridad Social como autónomas o trabajadoras por cuenta propia que se encuentren en especiales circunstancias de emergencia social y cuya vivienda habitual constituya garantía de un préstamo bancario concedido para hacer frente al desempeño de su actividad profesional y se encuentren incursas en un procedimiento de ejecución o apremio instado por la entidad financiera concedente del crédito.
El PSOE-A anunció días atrás que la futura Ley de función social de la vivienda contará con una "partida específica" en los presupuestos de la comunidad para 2014 y, a partir de ahí, se podrá valorar a cuántas personas va a beneficiar, una vez que amplía la cobertura a nuevos beneficiarios.
El rechazo de los populares
Por su parte, el PP-A ya había anunciado que votaría en contra de la norma y augurado que también acabará siendo recurrida por el Gobierno central en el Tribunal Constitucional porque tiene los mismos trazos de "inconstitucionalidad" que el anterior decreto sobre la misma materia y que fue recurrido.
La secretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos del PP-A, Alicia Martínez, manifestó el pasado jueves que, en su día, el grupo popular se abstuvo en la votación del decreto ley de función social de la vivienda, porque su voluntad era el diálogo y hacer aportaciones a la futura ley. Sin embargo, ahora rechazan la norma porque no se ha aceptado ni una sola de sus 82 enmiendas al texto legislativo, que solo está planteado para la "confrontación" y de "cara a la galería", porque no resuelve en absoluto el problema de los desahucios.
Por su parte, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha advertido que "Andalucía no se va a rendir" para defender el derecho a la vivienda de la mayoría social y ha destacado que en la comunidad andaluza hay unas 700.000 vacías, mientras hay andaluces que demandan viviendas, algo, a su juicio "insostenible".
Cortés ha recordado que la Junta aprobó el conocido como decreto antidesahucios y el presidente del Gobierno, dentro del plazo de tres meses contemplado, invocó el artículo 161.2 de la Constitución en su recurso de inconstitucionalidad, que provocó su suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional (TC) sin entrar en el fondo.
El Gobierno recurre el decreto andaluz
