El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reforzado, en los últimos días, su estrategia orientada a sumar fuerzas para exigir al Gobierno central que aborde, cuanto antes, la reforma del sistema de financiación autonómica y evitar que la negociación del nuevo modelo "se convierta en otro proceso de confrontación entre comunidades".
Puig ha iniciado una ronda de contactos con representantes de los grupos políticos en el Congreso, ha solicitado comparecer en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado y está reeditando las alianzas con presidentes de otras regiones alcanzadas en 2017.
En este sentido, detalló que ya se ha reunido con las presidentas de Andalucía, Susana Díaz, y Baleares, Francina Armengol, y mañana lo hará con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, además de haber hablado "con alguno más". Su objetivo, destacó, es "continuar trabajando" con otros dirigentes autonómicos.
"No podemos resignarnos; en las próximas semanas se tiene que desatascar esta cuestión", subrayó Puig, que recordó que el Gobierno ha incumplido el acuerdo de la Conferencia de Presidentes, que hace un año -el 17 de enero de 2017- pactó definir un nuevo modelo de financiación en 2017 que sustituyese al actual, que caducó en 2014.
El Gobierno central se ha escudado, entre otros factores, en la crisis en Cataluña y en la falta de Presupuestos Generales del Estado para 2018 para aparcar esta reforma.
"Estamos muy defraudados, ya que el Gobierno no ha sido capaz, después de haber recorrido el proceso en la comisión de expertos, de dar una solución y garantizar igualdad a los ciudadanos y la singularidad de los territorios", denunció.
"No es un debate entre políticos, es un debate que afecta a la vida de los ciudadanos y al empleo", dijo el presidente valenciano, que pidió un marco "que garantice la suficiencia de las comunidades para prestar servicios básicos fundamentales".
