La consellera incluye, entre sus objetivos prioritarios para la segunda mitad de la legislatura, un nuevo Plan Integral de Residuos. (Puede leer otras noticias, reportajes y análisis en elEconomista Comunitat Valenciana).
Elena Cebrián (Valencia, 1970), consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, es ingeniera agrónoma por la Universitat Politècnica de València. Ingresó, en 1999, por oposición, en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado del Ministerio de Agricultura, en el que ha ocupado diversos cargos. Este perfil y experiencia le valieron el nombramiento como consellera a propuesta de Compromís, pese a no ser militante del partido.
Una vez cumplida la primera mitad de la legislatura, ¿qué balance hace del trabajo de su departamento?
Hemos tenido que hacer un gran esfuerzo por aunar piezas distintas en una única conselleria, porque los ámbitos de competencia estaban asignados antes a otros departamentos. Tuvimos que formar equipos y crear dinámicas, afrontando las grandes deficiencias que nos encontramos al llegar y con las que seguimos luchando -entre ellas, la escasez de personal-. Hemos reconstruido la Conselleria y estamos consolidando líneas y políticas. En Agricultura, nos encontramos un sector muy desordenado y con muchos problemas estructurales. Entre otros logros, están la Ley de Estructuras Agrarias, que llegará en breve a las Corts; se está aumentando la producción ecológica; hemos aprobado la Ley de Pesca, y desarrollado programas de captación de fondos europeos para este sector y para desarrollo rural. En Medio Ambiente, hemos recuperado líneas básicas y podemos decir que tenemos una política medioambiental valenciana. Una de las prioridades es la prevención de incendios, frente a los recortes de legislaturas anteriores, vinculada con la gestión forestal y el desarrollo rural. También hemos diseñado una nueva forma de gestión de los espacios naturales protegidos, más profesionalizada. En residuos, hemos dado una vuelta tremenda, con la lucha por el cierre y restauración ambiental de vertederos ilegales, que, desgraciadamente, hay muchos, y un nuevo Plan Integral de Residuos, que tiene que estar listo en los próximos meses, que se adapte al marco estatal y la normativa europea y que potencie la innovación, en todos los pasos del proceso. Este enfoque puede dinamizar empresas y empleo.
Precisamente, la política de residuos ha sido uno de los puntos más controvertidos, por la apuesta de la Conselleria por implantar el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) de envases, que se ha encontrado con la oposición frontal de empresarios y consumidores.
Bienvenida sea la polémica, desde el momento en que ha generado interés y un debate en la sociedad, en empresas y ciudadanos, y una búsqueda de soluciones. Hace dos o tres años, no se hablaba de residuos o se hablaba de problemas y corrupción. Hemos constatado que tenemos todos un objetivo común; hemos intercambiado mucha información y hemos establecido una mecánica de trabajo para aplicar la inteligencia colectiva en el reto de definir una política de residuos seria y encajada en la normativa europea, no como la que habíamos heredado. Nos hemos encontrado con que muchas zonas de la Comunitat no tenían planes ni instalaciones. Viendo las complicaciones prácticas profundas que pusieron de manifesto tanto consumidores como el empresariado, organizamos, desde enero, mesas de trabajo, con la convicción de que, si queremos que los sistemas funcionen, tenemos que contar con la implicación de todos los agentes que participen. Las reuniones de las mesas acabaron antes del verano y hemos tenido algún contacto informal con los consumidores. Los empresarios propusieron varias medidas y estamos estudiándolas. Es clave concienciar a la sociedad sobre los sistemas de recogida selectiva, integrar en sus hábitos los conceptos de la economía circular; estamos echando a la basura productos que tienen que reconvertirse en recursos -no sólo orgánicos o envases, sino otros, como los de la construcción, eléctricos y electrónicos...-, que se podrían aprovechar mucho más. Avanzar en esta línea supone un reto importante desde el punto de vista técnico, ecológico e industrial.
Tras las mesas de trabajo con los representantes empresariales, ¿ha renunciado la Conselleria al SDDR?
No hemos renunciado al SDDR. Se quieren considerar todos los aspectos y analizar su viabilidad. Como decía, dentro del Plan Integral de Residuos, hay que insistir en el origen, en la separación, para que su tratamiento sea más eficaz. Ya hay en marcha, en varios municipios, experiencias de recogida selectiva de residuos orgánicos, para dar un impulso importante al compostaje. Y también vamos a hacer pruebas piloto con el SDDR, en distintos municipios, con diferentes características, que nos den información real sobre cómo puede ser percibido y resultados. Varios ayuntamientos ya han manifestado que quieren participar. Además, planteamos aprovechar grandes eventos y fiestas -como las Fallas de Valencia o San Juan, en Alicante- para ver cómo responde la gente. Hemos visto cómo funciona en otros países, como Alemania, pero tenemos que adaptarlo, no se puede extrapolar directamente, y, además, no somos un territorio uniforme; por ejemplo, no se puede abordar de la misma manera en un municipio de interior que en uno de costa. Es un proyecto que tenemos que perfilar. No nos hemos marcado un plazo. Lo que sí tenemos claro es que vamos a impulsar primero el Plan Integral de Residuos y, una vez tengamos definido el marco, desarrollaremos las diferentes líneas.
¿Se ha comunicado esta decisión a los empresarios?
Aún no. No hay todavía una fecha fijada para retomar los trabajos.
Una de la entidades más combativas contra el sistema de devolución de envases ha sido Ecoembes.
En 2018, tenemos que revisar el convenio con Ecoembes -con vigencia de cuatro años-: analizar el cumplimento de objetivos, la dotación de servicios y contenedores, la necesidad de más transparencia en sus datos y estudiar los motivos por los que en la Comunitat Valenciana los resultados son más bajos que en otras regiones. Que se note la voluntad de Ecoembes de asumir su responsabilidad en el objetivo compartido por todos de mejorar.
El empresariado ha manifestado su malestar por algunas decisiones de la Conselleria que han frenado proyectos de inversión -como el complejo Puerto Mediterráneo- o que afectan a la actividad de grandes empresas de la región, como Lafarge o Cemex. ¿Qué respondería?
La Comisión de Evaluación Ambiental, integrada por personas de varias consellerias, se reúne una vez al mes, con un promedio de entre 15 y 20 proyectos, y, en muchos casos, se indican salvedades y recomendaciones. Cuando un proyecto pasa esa fase es porque puede hacerse. Si no, evitamos problemas posteriores. Lo que estamos haciendo es dar seguridad jurídica, aplicando la normativa medioambiental estatal, que deriva de la europea. En el caso de Puerto Mediterráneo, todo el procedimiento es público. Por lo que hemos visto en prensa, han hecho cambios sustanciales, pero la fase de autorización ambiental agotaba el procedimiento y, si quieren reactivarlo, tendrán que volver a empezar la tramitación de nuevo. En Lafarge y Cemex, se trata de actividades industriales y extractivas con una regulación cada vez más exigente, y las empresas son conscientes. Hay un diálogo para buscar soluciones viables, que tengan en cuenta todas las sensibilidades. Por ejemplo, BP Castellón ha hecho sus deberes y está ahí.
Las principales asociaciones de agricultores están siendo muy críticas con la labor de la Conselleria. ¿En qué punto está su relación?
Tenemos una relación fluida, tanto a nivel personal como de organización. Estamos trabajando con una política de total transparencia y coordinación con el sector, con mesas de trabajo en asuntos de relevancia. Lo que sucede es que son muy reivindicativos, y hacen bien; es su papel, porque es un sector muy importante, no sólo desde el punto de vista económico, sino del territorio, de paisaje... También tienen que reconocer los esfuerzos de la Generalitat por reparar, en solo dos años, situaciones que se arrastraban, por tener una política agraria valenciana y más peso en Madrid -de cara a recursos, inversiones, la PAC...-. También hacemos grandes esfuerzos en control de plagas -tanto respecto a la Xylella como otras-. Saben las dificultades que existen y que tenemos que ir de la mano. Hay que dejar los mensajes negativos y catastrofistas, y recuperar la ilusión y el orgullo. Entre otros aspectos, hay mucho por hacer en materia de conocimiento, calidad, diferenciación, impulso al producto de proximidad... El objetivo es conformar un sistema de innovación agroalimentaria, cuya pieza central sea el Ivia -Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, cuya ley reguladora, de 1994, se está reformando-, en coordinación con otros centros, universidades, proyectos europeos... Hemos recuperado el servicio de transferencia de tecnología, estamos abriendo programas de formación y explotaciones piloto y se está fomentando el uso de energías renovables. El sector supone en torno al 11 por ciento del PIB -entre producción directa y vinculada-, por lo que es una pieza clave para transformar el modelo productivo autonómico.
Los agricultores tradicionales les acusan de volcar todo su esfuerzo en el desarrollo de la agricultura ecológica y dejarles en segundo plano.
AVA-Asaja lo plantea como una dicotomía, pero no hacemos una cosa a costa de la otra. El esfuerzo en inversión, innovación y formación es para todo el sector. Hay que atender a la realidad; los mercados europeos y asiáticos -en los que queremos entrar más- están priorizando este tipo de producción. Ya hemos llegado al 7 por ciento de superficie destinada a agricultura ecológica y el objetivo es alcanzar el 20 por ciento en 2020. Fuimos pioneros en este tipo de cultivo hace 30 años, y se ha ido perdiendo, mientras que otras regiones, competidoras directas, van por delante. También países como Italia lo han hecho bien y han conseguido ganar mucho mercado con esta estrategia.
La Comunitat arrastra, históricamente, un problema de suministro de agua. ¿Es posible un acuerdo a nivel nacional en esta materia?
Necesitamos una planificación nacional del agua y exigimos una nueva relación entre el Gobierno y las comunidades; que no seamos unos meros espectadores de las decisiones. El Ministerio de Agricultura debe actuar como coordinador y velar por todos los territorios, pero que éstos tengan voz y opciones de diálogo y discusión técnica en una materia que afecta a la vida de los ciudadanos, a muchos sectores económicos y al territorio. Tenemos que prepararnos para los escenarios futuros, con efectos preocupantes del cambio climático. Hay que olvidar guerras entre territorios y politización; el Plan Hidrológico Nacional debe diseñarse con criterios realistas, con una planificación de infraestructuras adaptadas al cambio en patrones de lluvia. La Comunitat arrastra una infrafinanciación e infrainversión en agua y regadíos. De momento, la ministra ha iniciado conversaciones bilaterales.
¿La Generalitat apuesta por trasvases, desaladoras o ambos?
La fórmula óptima pasa por la combinación de recursos, gestionando de la manera más eficaz y eficiente posible. Respecto a las desaladoras, en su momento se quiso generar una polémica, en muchos casos, absurda. Fue una inversión importante y apoyada por fondos europeos. Muchos países están utilizando esa tecnología y la están exportando. El Ministerio reconoce que la desalación es fundamental para completar las dotaciones. En los últimos años, se han mejorado los sistemas y el consumo energético y los costes se han reducido de forma significativa. Las desaladoras son competencia estatal y el Ministerio debe trabajar para hacer el agua desalada más asequible para los agricultores. Desaladoras sí, pero con cabeza.
En los últimos meses, se ha hablado mucho de conflictos internos en su Conselleria, sobre todo, tras los cambios en su equipo.
En una conselleria hay que formar equipos y, en ocasiones, es necesario cambiarlos. Es algo habitual. Reconozco el trabajo y esfuerzo que ha realizado todo el mundo, pero hay momentos en los que hay que tomar decisiones. Creo que el que haya discrepancias en algunas líneas enriquece el debate y el trabajo. No hay nada más allá.
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