Comunidad Valenciana

Ribera Salud recurrirá en los tribunales la decisión de la Generalitat de no prorrogar la concesión de Alzira

Ribera Salud ha anunciado que recurrirá en los tribunales la decisión de la Conselleria de Sanidad de no prorrogar la concesión del Departamento de Salud de La Ribera, que le fue comunicada ayer de manera oficial. La compañía gestora entiende que se trata de una decisión "política" no justificada por criterios de gestión, financieros ni de atención a los pacientes, tal y como se requiere en el contrato firmado entre Ribera Salud y la Generalitat. En el mismo, se contempla una duración de 15 años -que vence el 31 de marzo de 2018- más otros 5 años de prórroga, que Sanidad rechaza.

Frente a esta posición, la Generalitat entiende que la prórroga de los contratos se concibe como "una excepción" que queda "condicionada a la voluntad de las partes", pero que ni es "una obligación para la Administración ni un derecho del concesionario".

El director general de Recursos Humanos, Justo Herrera, remitió este lunes a la concesionaria la notificación de la decisión de no prorrogar el contrato, para lo que se alegan "las importantes deficiencias y carencias elementales" del mismo, así como que el modelo concesional "limita y condiciona" la planificación del sistema sanitario público. Entre las "deficiencias" menciona disparidades en cuanto a precios, inversiones y sistemas de liquidación, y esgrime, también, "la falta de mecanismos de control por dejación del ejercicio de la potestad de policía de la Administración" y por la "falta de transparencia de la propia empresa concesionaria", así como la ausencia de mecanismos sancionadores.

La conselleria señala que todos los contratos que rige el modelo concesionarial usan el modelo de adjudicación de Alzira, por lo que las deficiencias comentadas "no sólo afectan a este expediente sino que deben entenderse reflejadas en el resto de contratos".

Además, señala que la planificación de los recursos sanitarios queda "sistemáticamente cuestionada" por "los esfuerzos de las concesiones para ampliar su cartera de servicios". Así, señala que la "supuesta ventaja" para la administración que alega Ribera Salud al disponer de una cartera más amplia que los departamentos de gestión privada supone "una ruptura de toda la planificación" y además añade que "más que responder a una vocación de servicio responde a intereses estratégicos empresariales para captar pacientes de otros departamentos y obtener así ingresos adicionales".

La comunicación informa a Ribera Salud de que todas sus decisiones relativas a la gestión del Departamento de Salud hasta que expire el plazo de la concesión serán sujetas a supervisión y tendrán que ser autorizadas por la Generalitat. Asimismo, le pide información de todo tipo sobre la gestión de la actividad, financiera y de recursos humanos y le informa del inicio de los trámites para calcular las liquidaciones pendientes.

"Decisión ideológica"

Ribera Salud considera que la decisión de no prorrogar la concesión es "meramente ideológica y no defiende el interés público". Como prueba de ello, expone la apertura de un expediente administrativo, en enero de 2017, que debía concluir si procedía o no adoptar esa medida. La compañía detalla que "fue contestada por Ribera Salud aportando e informes periciales de expertos nacionales e internacionales sobre un modelo de gestión estudiado por organismos e instituciones de prestigio, como las universidades de Harvard y Berkeley, entre otras. Esta información no ha sido tenida en cuenta para la resolución del expediente, lo que demuestra que su apertura responde a un intento de dar apariencia jurídica a una decisión previamente tomada".

La firma, propiedad de Banco Sabadell y el grupo norteamericano Centene, avala sus resultados con los datos de auditorías e informes oficiales. "Según los datos oficiales ofrecidos por la propia Conselleria de Sanidad en la última memoria publicada, los hospitales y centros de salud gestionados por nuestro grupo registran unos óptimos indicadores de salud, tiempos de espera más reducidos y el índice de satisfacción de los pacientes está por encima de la media", subraya la entidad.

Además, recuerda que el borrador del último informe de la Sindicatura de Comptes sobre este Departamento de Salud recoge que el 'modelo Alzira' ahorra un 21 por ciento de costes a la Administración pública respecto a la gestión pública directa.

La compañía defiende, asimismo, que ha invertido más de 500 millones en infraestructuras y en su equipamiento y dotación, contando con las tecnologías más avanzadas y dando cobertura a especialidades no suficientemente atendidas en los centros de gestión pública.

Por último, lamenta "la repercusión nacional e internacional de este tipo de decisiones, por la inseguridad jurídica que generan y el trato que está recibiendo el sector privado y las empresas que trabajan con la Administración Pública".

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky