El manifiesto empresarial promovido por la patronal valenciana, Cierval, en contra de la posible implantación obligatoria en la Comunidad Valenciana del sistema de devolución, depósito y retorno (SDDR) en envases de bebidas refrescantes, zumos, aguas y cervezas -que implica el cobro al ciudadano de 10 céntimos por cada envase que compre y que se le devolverá cuando lo devuelva-, cuanta ya con la firma de 47 organizaciones y asociaciones. Los apoyos incluyen tanto a las que representan a los sectores afectados en la Comunitat Valenciana -productores y distribuidores- como del resto del territorio español, entre ellas, las asociaciones de supermercados de Galicia, Euskadi, Castilla y León, Murcia, Cantabria, Navarra, Aragón, Islas Baleares, Canarias y La Rioja.
El documento subraya que "la implantación del nuevo sistema que propone la Generalitat supone, entre otros inconvenientes, complicar la gestión y los costes para empresas y consumidores lo que directamente lastrará la competitividad de las empresas en la Comunidad Valenciana y aumentará el precio de venta al público".
En esta línea, los empresarios y asociaciones de Cierval opinan que, "en la actual coyuntura económica, no se deben adoptar medidas que condicionen la competitividad de las empresas sin garantías de obtener unos resultados eficientes, por lo que, antes de implantar el sistema SDDR, Cierval se pone a la disposición de la Conselleria de Agricultura para identificar las causas de las bajas tasas de reciclado en la Comunitat Valenciana y trabajar conjuntamente en el diseño y puesta en marcha de medidas dirigidas a mejorarlas".
La Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval) recuerda que, actualmente, en la Comunitat Valenciana se sigue el mismo sistema de gestión de toda España, basado en el pago de un importe 'punto verde' a una entidad sin ánimo de lucro para cubrir los costes de gestión de estos envases, que se realiza en colaboración con los ayuntamientos. En el manifiesto, que está en poder de la Generalitat Valenciana desde el pasado verano, se dice que las empresas "sí están a favor de la implantación de medidas que contribuyan a mejorar los objetivos de recuperación y reciclado de envases, siempre que sean eficientes".
Impactos en costes y mercado
Para Cierval, la propuesta de implantar el SDDR en la Comunitat "afecta a la unidad de mercado y complicará la gestión de las empresas al coexistir con el reciclaje aplicado en el resto del territorio español. Además, crecen los costes de producción por la complejidad logística y de distribución, la diferenciación del etiquetado y la posible tasa administrativa". La aplicación de SDDR afectará, especialmente, a las empresas de envasado de aguas y refrescos, cuya actividad tiene un fuerte impacto en el empleo local.
Además, la implantación del SDDR obligará a las empresas de distribución y venta de producto (hipermercados, supermercados, comercio y hostelería) a habilitar y acondicionar espacios para el retorno de envases, lo que supondrá mayor coste de las instalaciones, una pérdida de superficie de lineal, almacenaje y atención al consumidor. También tendrían que modificar el sistema de gestión de caja, por el importe aplicado en concepto de depósito y retorno del envase -exención de IVA, facturas, tickets, etc...-. Asimismo, incrementarán los conflictos en caja por la revisión de las condiciones del envase retornado.
Finalmente, puesto que el establecimiento no tiene control sobre otros líquidos que haya podido contener el envase retornado, podría generarse riesgos sanitario por contaminación cruzada, complicándose la inspección sanitaria.
Todos estos problemas cobran especial relevancia para los supermercados de barrio, el pequeño comercio, y los establecimientos de hostelería (restaurantes, bares, cafeterías y otros) con muy limitada superficie de local para las instalaciones de almacenaje de los envases y que deberán adelantar al consumidor el importe aplicado en concepto de depósito y retorno del envase.
