La limitación de las zonas de libertad horaria para las grandes superficies comerciales y la revisión y paralización de nuevas licencias de apertura en días festivos son dos de las propuestas que han marcado las primeras semanas de los nuevos gobiernos de coalición de izquierdas en la Comunidad Valenciana.
La Generalitat Valenciana y los Ayuntamientos de Valencia y Alicante siguen un mismo criterio y trabajan conjuntamente en la revisión del actual marco, con un planteamiento que supondría, en la práctica, una ruptura total con la política de la anterior Administración autonómica y volver al contexto previo a la normativa de horarios comerciales aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Algo que el gran comercio no va a poner fácil.
"Las Administraciones deben de ser conscientes de que, si estos planteamientos prosperan, se van a enfrentar a un aluvión de demandas por parte de empresas afectadas, que reclamarán daños y perjuicios, además de la batalla jurídica formal que puede derivarse de modificar la normativa, que se debería abordar de forma colectiva desde las organizaciones y asociaciones de este segmento del mercado", advierten expertos judiciales.
"Tenemos un posicionamiento claro, en favor del pequeño comercio, que creemos que es el que crea riqueza y dinamiza un territorio, y es compatible con la calidad de vida y la conciliación. No estamos de acuerdo con la barra libre y la liberalización de horarios, casi total en algunas zonas, que se ha producido por la definición arbitraria de zonas de gran afluencia turística (ZGAT, con libertad horaria para el comercio, según la ley estatal). De una manera u otra, y siendo sabedores de que nos puede generar problemas judiciales, hay que revertir la situación, en pro del nuevo modelo económico y productivo que queremos construir y del empleo", aclara el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent.
"Esto no significa que estemos en contra de las grandes superficies. Se trata de buscar un consenso entre todos, a través del Observatorio de Comercio, para una buena convivencia", afirma Climent.
Sin embargo, grandes superficies y centros comerciales han visto como las Administraciones iniciaban contactos con el pequeño y mediano comercio, aplazando los previstos con ellos a septiembre. "La información nos llega a través de los medios de comunicación", critican.
"Los nuevos gobiernos han empezado a darse cuenta del enorme lío en el que se están metiendo y han optado por definir claramente sus estrategias y asesorarse bien. El límite lo pone la legislación nacional, que habla de libertad horaria en las ZGAT, zonas definidas por normas autonómicas", advierte un bufete de abogados.
La propia redacción del decreto autonómico que regula las ZGAT, aprobado en los últimos meses de la pasada legislatura, es una traba a esta revisión. Fija que la reversión de una ZGAT deberá justificarse por un cambio de las condiciones y que las ZGAT se mantendrán como tales un mínimo de dos años. "Subyace el principio de seguridad jurídica; no se puede cambiar de un momento para otro y sin causa justificada", apuntan los expertos.
El decreto establecía criterios objetivos para las ZGAT, para poner orden en el caos que produjo el planteamiento ultraliberalizador del expresidente, Alberto Fabra, en 2013, de considerar a toda la Comunidad Valenciana como ZGAT y dar potestad a los ayuntamientos para acogerse a la libertad de horarios.
El decreto logró poner de acuerdo a pequeño comercio y grandes superficies, pero en su contra. El primero cree que ha supuesto, en la práctica, una liberalización casi total de horarios, sobre todo en la ciudad de Valencia -que centra el 30% de la actividad comercial de la comunidad-. Las segundas creen que es más restrictivo que la legislación estatal y, además, ha suscitado conflictos en términos de competencia, por centros ubicados fuera de las ZGAT.
"Las políticas restrictivas no van a favorecer la inversión. Si lo que se pretende es eliminar ZGAT sin ofrecer nada a cambio, no se trataría de una negociación, sino de una imposición. Si no hay voluntad por ambas partes, será un monólogo, no una negociación", señala Carlos Alfonso, portavoz de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) en Valencia.
Los expertos legales advierten de que, en el caso de una modificación sin acuerdo, que lleve a reclamaciones de empresas afectadas, pueden ser procesos muy largos, de hasta cuatro o cinco años, si se agotan todos los recursos. "Los actos administrativos son ejecutivos desde el momento en que se dictan y hay que cumplirlos, pero las empresas podrían solicitar una suspensión cautelar de la aplicación de la normativa para poder continuar ejerciendo ese derecho hasta que haya una resolución definitiva", detallan.
**Puede leer el reportaje completo y acceder a otras informaciones de interés en la revista digital elEconomista Comunitat Valenciana
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