Un grupo de expertos formado por José Barea, Jaime Lamo de Espinosa, Pedro Schwartz, Ramón Tamames y Juan Velarde proponen en un informe que el Estado asuma toda la deuda de las comunidades autónomas (193.000 millones de euros), a cambio de que cesen de inmediato las ayudas mediante fondo de liquidez autonómica (FLA) y planes de pagos, que las CCAA no se puedan endeudar más de lo que marca la ley orgánica 2/2012 y que adelanten el objetivo de déficit cero.
La propuesta está incluida en la Propuesta de bases para un nuevo sistema de financiación autonómica, encargado por Alberto Fabra y presentado este martes en Valencia. Los cinco autores forman parte de la Comisión de Economía del Alto Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana.
El documento, redactado por el profesor Ramón Tamames, alude al "precedente Hamilton", la propuesta del secretario del Tesoro del primer Gobierno de Estados Unidos, Alexander Hamilton, que en 1790 resolvió "un problema semejante al español actual" con la asunción por parte del Gobierno federal de toda la deuda emitida durante la Guerra de la Independencia por los estados de la unión.
Según los expertos, asumir la deuda viva de las CCAA no afectaría a los límites de déficit público y emisión de deuda impuestos a España, reduciría los intereses que España paga en conjunto -el estado se financia a menor interés- y aliviaría a los Gobiernos autonómicos, que en intereses de la deuda ya pagan hasta el 9 por ciento de su presupuesto. Según el informe, el servicio de la deuda en el conjunto de CCAA equivale a vez y media su déficit.
Para el Estado, los autores hacen una simulación que sitúa el impacto en los presupuestos de 2013 en 22.366 millones, de los que 8.247 serían intereses y el resto amortización. Supondría un 13,4 por ciento de los PGE, que se compensaría en parte con menores transferencias a las CCAA, aunque los autores proponen reducir ese impacto en los primeros años aplazando las amortizaciones con renovaciones de deuda.
El nuevo sistema
Una vez planteado el tema de la deuda a largo plazo, el informe se centra en la propuesta de un nuevo sistema de financiación autonómica "para las personas y no para los territorios", según dijo Fabra en la presentación, en el que el Estado garantice la misma financiación por habitante para Sanidad, Educación y gasto social.
Esa cantidad debería ser la base, ya que ahora a algunas comunidades no les llega, como la Valenciana, que cubre con transferencias del Estado el 70 por ciento de sus ingresos y gasta en Sanidad y Educación más del 80 por ciento.
Los expertos proponen una revisión automática anual del sistema, en función de la variación de la población y otros posibles factores, y sugieren que las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado formen parte del sistema de financiación autonómica porque "tienen gran impacto en la economía regional".
Ratifican las conclusiones de otros informes que sitúan a la Comunidad Valenciana como la peor financiada desde 2001, con diferencia, y plantean que, si esto no cambia, debe "valorar la conveniencia de devolver competencias al Estado".
Califica la financiación de la Comunidad Valenciana de "claramente asimétrica y discriminatoria", fruto de un "perverso funcionamiento" del sistema vigente, por lo que considera necesario que el nuevo sistema de financiación entre en vigor con fecha 1 de enero de 2014, aunque se apruebe más tarde.
Si no es así, proponen crear, solo para 2014, un "Fondo Transitorio de Nivelación" con entre 2.500 y 3.000 millones, a repartir entre las 5 comunidades más perjudicadas por el actual sistema: Valencia (que recibiría el 40,5 por ciento del total), Canarias (21,5 por ciento), Baleares (15,7), Andalucía (13,2) y Murcia (5,5).
Nuevo modelo de financiación autonómica en 2014