La Sindicatura de Comptes valenciana ha decidido atajar la costumbre de acumular facturas no contabilizadas, conocidas como facturas en el cajón, por parte de los alcaldes, tras constatar en inspecciones aleatorias que la gran mayoría de los consistorios práctica esta irregularidad contable que distorsiona el déficit real.
El organismo que dirige Rafael Vicente Queralt denunció durante una década la existencia de facturas en el cajón de la Generalitat, hasta que logró que la Consejería de Hacienda las sacase todas en 2012 -se apuntaron al ejercicio 2011 y dispararon el déficit- y se comprometiera a contabilizarlas a partir de entonces en el año en que se emitan, aunque no puedan pagarse por falta de consignación.
La batalla se traslada ahora a las 881 entidades locales que supervisa -542 ayuntamientos, tres diputaciones, 61 mancomunidades y más de 200 empresas y organismos-, a la que se ha solicitado información sobre las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, los reparos del interventor y los acuerdos adoptados contrarios a los informes del secretario, con el fin de controlar la actuación de los alcaldes.
En el primer semestre de 2013 se recibieron un total de 130 reparos, 201 acuerdos contrarios a los informes de los secretarios y 132 casos de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, que la Sindicatura examinará e incluirá, en su caso, en el informe de fiscalización.
Además, las entidades locales deberán informar, antes del próximo 15 de octubre, de todos los contratos de 2012 superiores a 18.000 euros, mediante una relación telemática en una web creada al efecto. Hasta la fecha, solo debían informar, en los tres meses siguientes a su firma, de los contratos superiores a 150.000 euros, o 600.000 si eran de obra.
Esta nueva obligación consta en una instrucción publicada ayer, que también establece las normas para que, a partir de ahora, las administraciones local y autonómica, incluidas las universidades, envíen esta misma información relativa a cada ejercicio no más tarde de febrero del año siguiente.
El Síndic, Rafael Vicente, solicitó el pasado lunes en las Cortes autonómicas más medios y capacidad sancionadora para combatir la mala gestión de los ayuntamientos. "La Sindicatura ha de ser dotada de medios personales, materiales y normativos para llevar a cabo sus funciones de fiscalización a través de un régimen sancionador efectivo", afirmó a los diputados.
Pide multas a los incumplidores
El 95 por ciento de las entidades locales rindieron cuentas a la Sindicatura en 2011, según su informe anual. El Síndic ha pedido al Tribunal de Cuentas que imponga multas coercitivas a los alcaldes de ocho municipios y a responsables de 10 mancomunidades que son reincidentes. A la Generalitat le ha solicitado que les bloquee las ayudas.