El juzgado de primera Instancia número 1 de Castellón ha declarado resuelto el contrato entre la empresa pública de la Generalitat Aeropuerto de Castellón (Aerocas) y la empresa privada Concesiones Aeroportuarias (Conaer) para la construcción y explotación del aeródromo castellonense, y obliga a Aerocas a abonar a Conaer 120,87 millones de euros por las obras ejecutadas, pero sin la indemnización por daños y perjuicios que pedía la ya exconcesionaria.
El juez desestima la demanda de la exconcesionaria y le impone el pago de las costas, al entender que la resolución del contrato por parte de la Generalitat fue como consecuencia de un incumplimiento relevante por parte de Conaer, como fue la no construcción de una pista de viraje imprescindible para poner en marcha el aeropuerto.
La Generalitat rompió unilateralmente el contrato en diciembre de 2011, lo que llevó a Conaer -controlada por Globalvía, filial de FCC y Bankia- a entrar en concurso de acreedores al tener que devolver la deuda que había asumido y no tener expectativas de ingresos. Conaer demandó a Aerocas con una petición de 132 millones más IVA -incluía lucro cesante y algunos gastos, además de la obra-, y la empresa de la Generalitat formuló una demanda reconvencional contra la exconcesionaria.
En la sentencia hecha pública este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se estima la demanda reconvencional -en la que también se imponen las costas a Conaer- en el sentido de dar por resuelto el contrato de concesión y pagar a la exconcesionaria solo el coste de la infraestructura.
Sin embargo, el juez no acepta la petición de la empresa pública de realizar ese pago -120,87 millones más IVA- a lo largo de 47 años, que era el período de concesión del contrato, ya que, afirma, "la inseguridad jurídica que se crearía no sería admisible". Según el juez, "Aerocas ejerce la facultad resolutoria", por lo que "deberá estar a los efectos de dicha resolución, que no son otros que el abono de la obra que efectivamente ha recibido, no admitiéndose, por las razones antes apuntadas, el pretendido pago diferido en 47 años".
Un problema para la Generalitat
Aunque ha ganado el pleito, la sentencia le crea un problema a la Generalitat con graves problemas de tesorería, que debe pagar una indemnización que genera intereses desde la fecha de la sentencia.
No obstante, de los casi 121 millones, 44 corresponden a un préstamo participativo otorgado por la propia Aerocas a Conaer cuya cancelación no supondrá un desembolso para la Generalitat, que deberá reflejarlo en el balance de la empresa y, en su caso, en los resultados.
Otros 32 millones corresponden a un préstamo de un grupo de bancos a Conaer y otros 33 millones son el capital social aportado por los accionistas de la exconcesionaria.
Sin aviones
El aeropuerto inaugurado el 25 de marzo de 2011, por el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, durante la precampaña electoral de las elecciones locales y autonómicas, aún no tiene los permisos para operar, a pesar de que Aerocas ha seguido trabajando para obtenerlos.
Paralelamente, la empresa y la Generalitat han buscado un comprador o un operador que se comprometiera a ponerlo en marcha, sin resultados.
Sabía que costaría al menos 110 millones
