La Generalitat valenciana ultima con la empresa Globalvía (participada al 50 por ciento por FCC y Bankia) un acuerdo para liberar al aeropuerto de Castellón del contrato de concesión todavía vigente, a pesar de haber sido suspendido por el Ejecutivo de Alberto Fabra el pasado 30 de diciembre.
Fabra necesita resolver este contrato para que la empresa pública Aerocas, propietaria de la instalación, pueda contratar un gestor que ponga en marcha el aeródromo.
Según fuentes cercanas a la negociación, la Generalitat ha aceptado asumir los préstamos otorgados a la empresa Concesiones Aeroportuarias (Conaer), controlada por Globalvía, para la construcción del aeropuerto, por un total de 78 millones de euros.
Se trata, por un lado, de un crédito de 44 millones otorgado por la propia Generalitat a Conaer, a través de la empresa pública Aerocas, que sería cancelado, y por otro, del préstamo de 33 millones otorgado a Conaer por un grupo de bancos encabezados por Santander. Según estas fuentes, el pool de bancos ha aceptado que Aerocas se subrogue en ese préstamo, con el aval de la Generalitat. Hasta aquí, el Ejecutivo valenciano no tendría que hacer ningún desembolso en estos momentos de falta de liquidez.
Sin embargo, el coste del aeropuerto fue de 120 millones, por lo que queda una tercera parte de la reclamación de Conaer, el capital aportado por los socios, que asciende a 33 millones.
La concesionaria demandó a la Generalitat en los juzgados por incumplimiento de contrato. En la demanda, que sigue su curso, Conaer reclamó el coste completo de la obra, 120 millones, más el lucro cesante del contrato de concesión de 50 años. La Generalitat ha presentado ya su respuesta, pero no quiere esperar a un lento proceso judicial y busca un acuerdo que lo evite.
Diferencia de 10 millones
Fuentes de la Generalitat han explicado a elEconomista que su pretensión es "que el aeropuerto no cueste más de 30 millones", ya que la concesionaria debe restar a sus pretensiones los sobrecostes -unos 8,5 millones- y una obra de última hora que Aerocas ha tenido está haciendo en la pista, entre otras cosas.
Según fuentes cercanas a la negociación, las diferencias para cerrar el acuerdo estarían entre los 40 millones -por los intereses y el lucro cesante- que pide la concesionaria y los 30 como máximo que está dispuesto a desembolsar el Gobierno valenciano. Las conversaciones las llevan directamente la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Lola Johnson, y la empresa Globalvía, principal accionista de Conaer con el 60 por ciento.
Conaer se ha planteado declararse en concurso de acreedores, dado que no tiene actividad ni expectativas de tenerla, pero de momento está esperando a ver si consigue el acuerdo extrajudicial.
Si se alcanza, la intención de la Generalitat es buscar una empresa especializada que explote el aeropuerto, ya que considera que Aerocas no tiene experiencia, a pesar de que la empresa que preside Carlos Fabra y dirige Juan García Salas es la que está tramitando su puesta en marcha.
Según explicó recientemente Lola Johnson, Aerocas "podría gestionar el aeropuerto pero no es la idea, la idea es externalizar la gestión y operación del aeropuerto". La consejera añadió que "lo mejor para este aeropuerto es un equipo profesional, con un perfil determinado y con experiencia que gestione y opere la infraestructura para desarrollar al máximo su potencial en las diferentes líneas de negocio que ofrece".
Saerco se adjudica el control aéreo
Mientras llega el acuerdo, Aerocas sigue trabajando en la puesta a punto del aeropuerto inaugurado en marzo de 2011 por Francisco Camps y Carlos Fabra. La empresa pública ha adjudicado algunos servicios, como el control aéreo -a Saerco, por unos 850.000 euros al año-, la seguridad, el control de la avifauna y algunos de mantenimiento.
Al mismo tiempo, está gestionando los permisos con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) y Aena Navegación Aérea.
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