El mundo político y empresarial valenciano es un clamor contra el sistema de financiación autonómica, después de conocerse que el déficit de la Comunidad en 2012 -3.460 millones de euros, el 3,45 por ciento del PIB- superó con mucho el objetivo marcado y duplicó la media de las comunidades autónomas, a pesar de los recortes sufridos y las subidas de impuestos.
Los partidos de la oposición no ahorran críticas a la "ineficacia" del Gobierno de Alberto Fabra, pero reconocen que, como alega el consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, parte de este mal resultado se debe a la financiación que recibe la Generalitat del Estado, una de las más bajas desde el año 2002 si se mide en euros por habitante (Ver gráfico).
Según explica Moragues, el 75 por ciento de los ingresos que recibe la Generalitat provienen del Estado y financian principalmente sanidad y educación. Dos departamentos que suponen tres cuartas partes del gasto y a los que la Generalitat destina menos recursos por habitante que la media de las comunidades. "Somos eficientes en el gasto", asegura.
El hecho de recibir cada año unos 200 euros por habitante menos que la media equivale a unos 1.000 millones anuales de desventaja. De hecho, la financiación recibida en 2012 fue de 8.321 millones cuando el presupuesto de sanidad y educación era de 9.541, a lo que hay que sumar 1.000 millones de Bienestar Social.
Con datos de 2010, último año liquidado del sistema de financiación autonómica, el consejero hace tres supuestos: "Si tuviéramos la financiación per cápita de Extremadura, que se situó en 2.873,25 euros por habitante, es decir, una diferencia de 563,23 euros, habríamos recibido 2.816 millones más y casi habríamos alcanzado nuestro objetivo de déficit; en el caso de tener la de Cataluña, habríamos recibido 1.893 millones más y cumplido el citado objetivo; y tener la de Cantabria habría supuesto ingresar 4.230 millones más y, por lo tanto, tendríamos superávit".
Difícil cumplir en 2013
A la "infrafinanciación", que otros años se ocultaba con abundantes ingresos propios, sobre todo del ladrillo, y ocultando en el cajón las facturas para las que no había fondos, se ha sumado en los últimos años el desplome de los ingresos por tributos propios y cedidos, que han pasado de 3.085 millones en 2006 a un tercio de esa cantidad el año pasado.
Por otro lado, los elevados déficits de los últimos años y el afloramiento de las facturas en el cajón -4.352 millones de euros-, convertidas en préstamos ICO, han disparado los gastos financieros, que en 2012 aumentaron en 314 millones y este año crecerán otros 250, hasta 1.160 millones, el 9,1 por ciento del presupuesto de gasto.
En estas circunstancias, el Ejecutivo de Alberto Fabra ve muy difícil cumplir el objetivo de déficit de 2013, el 0,7 por ciento del PIB, a pesar de los ahorros que van a suponer medidas puestas en marcha en el segundo semestre de 2012 y los primeros meses de este ejercicio.
Una 'batalla' larga
La batalla por cambiar el modelo se presume larga. Fabra tiene a su favor que ha logrado el apoyo de la oposición y de la sociedad civil. La víspera de conocerse el dato del déficit, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda lo reclamaba en un discurso.
Moragues asegura que los informes que maneja sobre el "déficit de financiación" los ha hecho llegar al Ministerio de Hacienda, donde "son conscientes", aunque no parecen tener prisa en cambiar el sistema. De hecho, el primer objetivo de la Generalitat es asegurarse de que el cambio sea efectivo con fecha 1 de enero de 2014, aunque se apruebe después.
La siguiente tarea será, con el apoyo de otras perjudicadas, como Murcia y Baleares, convencer al Gobierno y al resto de comunidades de que el criterio debe ser la financiación por habitante, para que todos los españoles tengan similares servicios, y no lo que aporta al PIB cada comunidad, como pretende Cataluña y, últimamente, Madrid.
Se apunta a la ortodoxia contable
La queja por la deficiente financiación, avalada por varios estudios, le ha venido bien al consejero de Hacienda valenciano, Juan Carlos Moragues, para tapar la deficiente ejecución del plan de reequilibrio financiero por parte del Gobierno valenciano, del que él no formó parte hasta que relevó a José Manuel Vela el 11 de diciembre.
Las medidas más importantes del plan no se llevaron a cabo -venta de inmuebles o privatización de Sanidad, con la que preveía ingresar 360 millones- o se hicieron tarde, como las subidas de impuestos o la reestructuración del sector público empresarial, que empezó en septiembre y todavía no ha terminado. Por eso y por la dimisión de Vela, Fabra remodeló su Ejecutivo en diciembre.
La prueba más evidente de que se podía haber hecho más la dio el pasado viernes uno de los nuevos consejeros, el de Sanidad, Manuel Llombart, que presentó un decreto ley en materia de prestación farmacéutica y ortoprotésica que supondrá un ahorro anual de 300 millones, con medidas como el empleo de medicamentos "con mejor balance coste-eficiencia" o la dispensación directa de productos caros que ahora se distribuyen a través de las farmacias.
Por otro lado, el nuevo consejero de Hacienda prometió que se ceñiría a la ortodoxia contable, acabando con la ingeniería desarrollada por la Generalitat a lo largo de los años, cuyo mayor exponente eran las facturas en el cajón que la Sindicatura de Cuentas criticaba año tras año desde 1987.
Sin facturas 'en el cajón'
Según Moragues, "en el cierre de 2012 se han contabilizado todos los gastos", incluidos los dos últimos meses de factura farmacéutica, que se arrastraban tradicionalmente al año siguiente, provocando la reprimenda de la Sindicatura.
Esto quiere decir que en el cierre del año pasado se contabilizaron 14 meses de Farmacia, los 12 del ejercicio y el gasto de noviembre y diciembre de 2011, unos 240 millones. El consejero asegura que no hay margen de error, ya que desde septiembre existe el Registro Único de Facturas, donde los proveedores las dan de alta y son visibles para Hacienda.
Registró el déficit más alto en 2012
