Alberto Fabra, anunció la semana pasada que iba a "reforzar con 100 millones de euros el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) como instrumento de competitividad de las empresas", con el fin de reorientarlo "para que se convierta en el auténtico Banco de Emprendedores".
Sin embargo, a la vista de las cuentas de 2011 de esta entidad pública, surgen dudas sobre si ese dinero no servirá más para tapar agujeros que para financiar empresas, como está ocurriendo con las ayudas a la banca.
El IVF contabilizó el año pasado unas pérdidas de 8,1 millones, pero según el informe de auditoría firmado por Audit Ibérica y J. Perepérez Auditores, debía haber contabilizado 27,7 millones más, lo que habría supuesto 35,8 millones de números rojos, frente a los 2,4 de 2010.
El motivo es la ejecución de dos avales concedidos a entidades sin ánimo de lucro que suman ese importe, 27,7 millones.
Según los auditores, "la normativa contable establece criterios para su contabilización que no han sido aplicados", ya que, de haber sido contabilizada la provisión, "se incrementaría el pasivo corriente y los gastos por deterioro", es decir, aumentarían las pérdidas, "con el consiguiente efecto en el patrimonio neto de la sociedad". Así, los fondos propios quedarían en solo 7,23 millones, en un balance de 1.387 millones.
Fuentes oficiales del IVF consultadas por elEconomista no han aclarado a qué entidades se refiere el auditor. Una de ellas podría ser la Fundación Hércules CF, propietaria del club de fútbol alicantino, que tenía un crédito avalado de 18 millones, de cuyos intereses se hizo cargo el Instituto durante 2011 en dos ocasiones.
Sin embargo, el aval fue ejecutado en enero de 2012 por la CAM, y el IVF ha solicitado el embargo de su estadio, el Rico Pérez, para intentar recuperar los 18 millones. El estadio iba a ser recalificado, pero el estallido del caso Brugal, en el que está imputado el propietario del inmueble, Enrique Ortiz, paralizó la operación.
No es este el único reparo de los auditores, que en 2010 habían presentado un informe limpio de las cuentas de la entidad de derecho público.
En el de 2011, además de la salvedad, señalan dos "incertidumbres", la primera, sobre la devolución de los préstamos "concedidos a empresas públicas y colaboraciones público privadas", con un saldo vivo de 284 millones a largo plazo y 530 millones a corto, sin incluir intereses, que suponen casi el 60 por ciento del activo del IVF. Además, tiene prestados avales a estas empresas por 166,6 millones.
La otra incertidumbre se refiere a la amenaza de embargo sobre la empresa Desarrollos Urbanísticos Aguamarga, que el IVF se vio obligada a comprar a Bankia y CAM a finales de 2011, al ejecutar estos una opción de venta.
Es la factura del rescate de la empresa de calzado Kelme en 2008, que deja al IVF con una sociedad cuyo único activo son 121 hectáreas de terreno pendiente de ser recalificadas por el Ayuntamiento de Alicante y amenazadas de embargo por otra deuda ya vencida. El Instituto está negociando refinanciar esa deuda para evitar perderlo.
La carga de la SGR
La actividad avalista del IVF se ha multiplicado en los últimos años -de 50 millones en 2008 a 310 millones al acabar 2011-, la mitad a empresas públicas, lo que dada la situación financiera puede causarle más quebrantos este año. Además, tiene el problema de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana, que se encuentra en quiebra a pesar de que la Generalitat le inyectó 60 millones este año.
El IVF, que es propietario de más del 20 por ciento de la SGR, se apuntó en 2011 unas pérdidas de 5,5 millones por deterioro de esa inversión, correspondientes al 50 por ciento del total del valor que le atribuía un año antes.
El aval del Valencia CF
A 81 millones de euros asciende el aval que el IVF prestó a la Fundación Valencia CF para que Bancaja financiase la compra del club en 2009. El préstamo inicial era de 75 millones, y se amplió en 2010 al no poder pagar la Fundación los intereses.
El pasado agosto, la Fundación debía pagar a Bankia otros 6 millones de intereses, pero no lo hizo al no tener ingresos, por lo que sobre el IVF se cierne la amenaza de una ejecución del aval como la de la Fundación Hércules CF, esta vez de 81 millones.
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