El real decreto de medidas urgentes para el control del déficit de la Generalitat valenciana, aprobado el pasado 5 de enero, llegó este martes al Diari Oficial con sorpresa, ya que incluye una disposición adicional no anunciada la semana pasada que prevé que el Ejecutivo de Alberto Fabra "podrá aprobar Planes de Ordenación de Personal" con la finalidad de reducir hasta un 25% el número de interinos en la Administración, que son en torno a 40.000.
El motivo para hacerlo sería "alcanzar los objetivos establecidos en materia de reducción del gasto público, así como para lograr una mayor racionalidad y eficacia en la administración de la Generalitat y en las entidades autónomas dependientes". Es decir, se tomaría si las medidas hasta ahora adoptadas no fueran suficientes.
Primeras protestas
Fabra afirmó en una entrevista en Onda Cero que "no es en ningún caso la intención nuestra" llevar a cabo esos despidos, y recordó que una de las medidas ha sido reducir la jornada de los interinos de 37 a 25 horas semanales "y el salario equivalente, precisamente para no despedir a nadie". Otra novedad del decreto es que los funcionarios podrán acogerse voluntariamente a una reducción de jornada como la de los interinos.
La publicación del decreto provocó las primeras protestas de los empleados públicos, con un encierro de unas 200 personas en una sede de la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas en Valencia y el anuncio, por parte de las cinco mayores organizaciones sindicales, de un invierno caliente con movilizaciones a partir de este viernes, en concreto, concentraciones semanales de cinco minutos y dos manifestaciones.
Según los sindicatos, el recorte de horario y empleo para los interinos dejará a los de categoría E con un salario de 600 euros. Para los funcionarios, bajarán los sueldos mediante la reducción de sexenios, complementos de carrera y carrera profesional.
Las medidas que afectan a los empleados públicos entrarán en vigor el 1 de marzo y tendrán una vigencia de menos de dos años, ya que sólo se aplicarán en los ejercicios de 2012 y 2013. El decreto aclara que los efectos económicos que conlleven las medidas "no serán susceptibles de compensación una vez transcurrido el plazo de su vigencia".
El Ejecutivo prevé ahorrar con estas medidas en la Administración Pública 258,2 millones al año, una cuarta parte del plan de ajuste, cifrado en 1.057 millones.
El IRPF sube para todos
Otra sorpresa del decreto es que no incluye algunas medidas anunciadas, como los tributos medioambientales o la creación de seis holdings para agrupar las 46 empresas públicas.
Lo más importante es la subida del IRPF, con una nueva tarifa para 2012 y 2013. Con este aumento, la Comunidad Valenciana pasa a ser una de las de mayor carga en este impuesto, por detrás de Cataluña, cuando hasta ahora tenía una de las más bajas, detrás de Madrid.
El incremento afecta a todas las rentas, al haberse eliminado la rebaja de la tarifa que existía en el tramo autonómico. No obstante, las diferencias "se hacen más patentes cuanta más base imponible tiene el sujeto pasivo", según ha explicado a elEconomista Antonio Ballester, asociado del despacho Olleros Abogados.
Así, para rentas superiores a 300.000 euros, el tipo de gravamen ha pasado en dos años del 42,99 al 54%, al haberse introducido dos nuevos tramos en la escala. La diferencia a pagar al fisco por alguien con una renta de 400.000 euros es de más de 31.000 euros.
El resto de medidas son la limitación de deducciones autonómicas en el IRPF, de las que sólo podrán beneficiarse las rentas menores de 24.000 euros; el incremento del céntimo sanitario, que se cuadruplica hasta 4,8 céntimos por litro de gasolina, o el aumento del 1 al 1,2% del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
Fabra sube los impuestos
