Madrid / Barcelona
El plan del Ministerio de Fomento para hacer efectivo el ratio 1/30 en las ciudades tiene poco recorrido legal y amenaza con desatar una batalla judicial que llegará hasta Europa. Fuentes jurídicas consultadas por elEconomista aseguran que transferir las competencias regulatorias a las Comunidades Autónomas o a Ayuntamientos para que creen una segunda licencia con la que limitar la actividad de los vehículos de Uber y Cabify dentro del área metropolitana no solo no solucionarían el problema si no que crearían una fuerte inseguridad jurídica y obligaría a pagar indemnizaciones por vulnerar derechos.
Un punto con el que coinciden varias CCAA consultadas por este diario, que explican que la "transmisión de competencias" no es suficiente y exigen un marco jurídico claro y financiación extra para poder articular legalmente una licencia urbana que les permita recuperar el ratio 1/30 y sortear los riesgos legales de conlleva la idea.
Y es que, más allá de que organismos como el Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat de Valencia aseguren de que las CCAA no tiene competencias para legislar sobre estos títulos de transporte, también señalan que no se puede poner restricciones a su actividad sin vulnerar sus derechos. Así, la Comunidad de Madrid asegura que si se aplica el cambio con carácter retroactivo se corre el riesgo de tener que indemnizar por lucro cesante.
En este punto, un informe legal elaborado por el catedrático Santiago Muñoz Machado a instancia de la patronal de las VTC, Unauto, señala que la imposición de una doble licencia a los títulos que ya estén en vigor puede chocar frontalmente contra la Directiva de Servicios de 2006, la Ley 17/2009 que la incorpora al ordenamiento español, y la Ley de garantía de la unidad de mercado de 2013.
Además, explica que "un eventual sometimiento de los operadores con licencia a nuevas autorizaciones que restrinjan las facultades que tienen concedidas supone una limitación de sus derechos que debe ser necesariamente compensada económicamente". El pago a los dueños de las VTC por haber expropiado parcialmente sus títulos no elimina la opción de que se acuda a los tribunales para tumbar la medida.
Y es que, el Supremo ha confirmado la plena legalidad de las licencias concedidas entre 2009 y 2015 y el Tribunal Superior de Cataluña que ha suspendido cautelarmente el reglamento antiUber de Colau no aprecia la existencia de alguna razón de interés general que imponga el mantenimiento del reglamento impugnado. Además, el real decreto-Ley no es la vía para transferir las competencias a las CC. AA. se tiene que hacer por modificación de ley orgánica. Es decir, aplicar de manera retroactiva estas limitaciones es casi imposible.
