Barcelona
El pacto entre PSOE y ERC para el traspaso "integral" de Rodalies, que agrupa las Cercanías y regionales de Cataluña, llega con tantas novedades como interrogantes y puntos de controversia. En esencia, otorgará a la Generalitat voz y voto en las decisiones que afectan a las inversiones y operativa de un servicio ferroviario que mueve más de 100 millones de pasajeros anuales. Además, la Administración catalana recibirá los recursos económicos que hasta ahora controlaba el Estado para sufragar el servicio, así como fondos para hacer frente a la deuda acumulada, a incidencias del servicio y a mejoras.
Si la investidura de Pedro Sánchez sale adelante y se cumple lo acordado en el horizonte temporal de la próxima legislatura -no será un traspaso inmediato ni en bloque-, la Generalitat ganará un protagonismo en la gestión ferroviaria que no había tenido hasta ahora, pero no se puede considerar un traspaso total, ya que la Administración central seguirá participando en el funcionamiento del servicio -aunque está previsto que se segregue de Renfe- y conservará la mayoría de infraestructuras.
La literalidad del acuerdo rubricado entre republicanos y socialistas recoge que la prestación de la operación del servicio irá a cargo de la nueva sociedad mercantil Rodalies de Catalunya, en cuyo consejo de administración estarán representados paritariamente la Generalitat y la Administración General del Estado, si bien el Govern tendrá la mayoría a través de la designación del presidente, con voto de calidad. Con todo, en sus estatutos se establecerán asuntos considerados estratégicos, sobre los que deberá haber acuerdo con una mayoría cualificada del consejo.
Rodalies de Catalunya debe nacer de la segregación de Renfe Viajeros, asumiendo "los recursos materiales y humanos que hoy son utilizados y necesarios para la prestación de los servicios de Rodalies en Cataluña por parte de Renfe". Pero no se debe entender como una expropiación, ya que el acuerdo añade que la nueva empresa mixta entre Gobierno y Generalitat dispondrá de un convenio de colaboración y cooperación con Renfe que asegure la movilidad laboral entre ambas y el mantenimiento de los derechos adquiridos, que es el principal temor de los sindicatos, que reclaman una reunión urgente para conocer las implicaciones del traspaso en lo que respecta al empleo.
Solo tres tramos
A nivel de infraestructuras, el pacto se circunscribe inicialmente a sólo tres tramos, que son los de uso exclusivo de Rodalies: la línea del Maresme de la R1, la línea Papiol-L'Hospitalet-Vic-Puigcerdà de la R3 y la línea Sant Vicenç de Calders-Barcelona de la línea R2, que pasarán de depender de Adif a la empresa pública catalana Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat).
El acuerdo incluye la promesa de analizar el resto del mapa ferroviario catalán más adelante, para determinar si puede haber otros tramos susceptibles de traspaso, pero fuentes técnicas inciden en que sólo se valorará la transferencia de vías que no afecten a los tráficos ferroviarios de más de una comunidad autónoma o al tráfico internacional, ya sea de pasajeros o mercancías.
Recuerdan que el Tribunal Constitucional ya rechazó en 2016 que el Gobierno vasco asumiera la gestión de cuatro líneas: dos porque formaban parte de vías que cruzaban a otras CCAA, y las otras dos porque formaban parte de los corredores transeuropeos.
En la red de interés general actual figuran 19 líneas en Cataluña, de las que 15 discurren únicamente por territorio catalán, con un total de 796,5 kilómetros de longitud. Casi la mitad (392 kilómetros) la conforman las tres líneas de Rodalies que serán traspasadas, según datos recogidos por Europa Press.
La Generalitat también gana representación en el seguimiento y actualización del plan de inversión de Rodalies, y un punto clave: una "cláusula económica de garantía" para que se ejecuten las inversiones anuales comprometidas.
