Tecnología

Orange pretende que Bruselas sea la que analice la compra de Jazztel y no la CNMC

Orange quiere que la futura compra de Jazztel, pendiente de una opa amistosa, se analice en los organismos comunitarios de Competencia antes que en la española Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Así se desprende del documento que ha remitido a la Dirección General de Competencia.

Según ha podido saber este periódico de fuentes conocedoras de la situación, la compañía de telecomunicaciones considera más favorables para sus intereses los trámites europeos antes que los europeos. De esa forma, Orange ha sugerido una serie de condiciones voluntarias para que Bruselas lo tenga en cuenta antes de decidir el destino del expediente.

Fuentes de la compañía declinaron realizar comentarios sobre el alcance de los remedios propuestos, al tratarse de un asunto confidencial. No obstante, otros expertos en la materia aseguran a este diario que, entre los compromisos a los que Orange está dispuesto a asumir sobresale su disposición a no encarecer las tarifas a los clientes de Jazztel y Orange España como fórmula para recuperar parte de la inversión realizada en la operación (cifrada inicialmente en 3.400 millones de euros). Toda la anterior maniobra queda supeditada a que los accionistas de Jazztel aprueben la venta al grupo galo.

La CNMC movió ficha el pasado 6 de noviembre al solicitar a Bruselas el permiso para analizar la futura compra de Jazztel por parte de Orange. Esta decisión sorprendió al mercado al tratarse de un tipo de operación que tradicionalmente había correspondido a los organismos de Competencia de la Unión Europea.

Los últimos precedentes vividos en el sector de las telecomunicaciones destacan a Bruselas como autoridad de referencia frente a los organismos nacionales de competencia. Eso sucedió en la operación de concentración de la holandesa Ziggo por parte de Liberty, en la compra de la alemana E-Plus por Telefónica y la adquisición de la también alemana Kabel por parte de Vodafone. Exactamente lo mismo sucedió con la española Ono, ya propiedad de Vodafone España, que eludió la supervisión del organismo que preside José María Marín Quemada.

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