La Responsabilidad Social Empresarial está en la transparencia, el diálogo, la planificación, el afán de la excelencia, la gestión del riesgo, el impacto ambiental... Y la justicia social.
"No hagáis como los bancos o las eléctricas", recomendaba Víctor Viñuales, director de Ecodes, a un auditorio formado por ejecutivos de las empresas dedicadas al ciclo integral del agua, durante una reciente Jornada alrededor de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) organizada por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento. "¡Mirad qué imagen tienen!" insistía Viñuales, en alusión al creciente problema de la pobreza en España, los desahucios y a la dificultad de muchas familias para pagar los recibos de suministros básicos, como la luz y el agua.
La RSE de las operadoras del ciclo urbano tiene mucho que decir cuando los consumidores son insolventes, porque esos consumidores, además de sus clientes, son los propietarios del bien que no pueden pagar; en palabras de Viñuales: "El agua es sustancialmente distinto a cualquier otro recurso, y las empresas serán miradas según su comportamiento en la aplicación del Derecho Humano del Agua; es un debate insoslayable y en la sociedad del Twitter ya no sirve dejarlo en manos del Gobierno y de las ONG".
Belén Ramos, responsable de Medio Ambiente de la OCU, se preguntaba si la RSE del agua son sólo las tarifas. Ella misma se respondía que no, que son también muchas otras cosas, pero no cabe duda de que las tarifas son claves, porque deben cubrir todos los costes del abastecimiento y el saneamiento. Debe haber tarifas, pero no se puede quedar nadie sin agua.
La fijación de las tarifas es competencia de los ayuntamientos, no de los operadores. Sin embargo, ellos son los primeros en toparse con el problema del impago, como destaca Guillermo Cao, director comercial de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa). Para él, la RSE también es innovación social: "Innovación sin cacharros", dice.
Emasa creó hace cuatro años un fondo social, exclusivamente para hogares, que da ayudas directas por 300.000 euros anuales y que también da ayuda financiera sin intereses, asumiendo las deudas de los insolventes, hasta un máximo de 1.000 euros. En esta segunda vertiente tiene acuerdos vivos de financiación por 4,5 millones de euros. A Cao le gusta más este sistema que el establecimiento de tarifas sociales y lamenta que se quiera utilizar el agua como herramienta de redistribución social: "La política por fuera de la tarifa", sostiene.
Agbar, con la mente puesta en los objetivos de la ONU sobre abastecimiento y saneamiento, tiene establecidas tarifas sociales en 250 municipios y bonificó más de 720.000 facturas en 2014, atendiendo a diversas categorías, en función de la sensibilidad local: jubilados, pensionistas, desempleados, familias numerosas y otros colectivos con rentas bajas y riesgo de exclusión social. "Las tarifas sociales son una solución estructural y permite identificar a los colectivos realmente necesitados" opina Carmen Piñán, directora de Estrategia de Clientes de Concesiones del Grupo Agbar. No obstante, no duda en reclamar un marco de protección más amplio.
Cooperación al desarrollo y emergencias humanitarias
Pero todo no son tarifas en la RSE. La interrelación entre las empresas y su entorno es mucho más amplia, y puede saltar fronteras, como es el caso del Canal de Isabel II, que incluye la cooperación al desarrollo entre sus 12 compromisos de RSE, junto a la acción social, al fomento de la cultura y el arte o la protección del medio ambiente.
Por eso se creó Canal Voluntarios, en el que participan 128 empleados. "Donde más podemos aportar a la sociedad y a la protección del entorno es en aquello que hacemos todos los días", afirma José Ramón Laorden, responsable del proyecto.
Canal Voluntarios tiene dos vertientes. La primera es la ayuda humanitaria en emergencias, donde suelen actuar con otras ONG, como Bomberos Unidos sin Fronteras, desplazando técnicos y plantas potabilizadoras. La segunda son los proyectos de desarrollo -"cuatro o cinco al año", dice Laorden-, financiados íntegramente por la empresa.
La gestión de riesgos, clave de bóveda de la RSE
"Una empresa de gestión de agua tiene que prestar el servicio las 24 horas de los 365 días del año" sostiene José Luis Delgado, responsable de Gestión de Riesgos del Grupo Aguas de Valencia (Agval).
"La perspectiva anglosajona de la RSE se centra en la gestión de los riesgos que pueden afectar al servicio"añade Juan Luis del Pozo, director general de Morera & Vallejo.
Ambos presentaron la estrategia de gestión de riesgos de Agval, la única empresa española que luce la certificación de la gestión de riesgos, de acuerdo con la última auditoría realizada por Aenor.
El eje de dicha estrategia es garantizar a sus grupos de interés -los tres millones de clientes, los accionistas y los empleados- "que trabajamos por prever posibles circunstancias colaterales a nuestra actividad y establecer procedimientos para su inmediata resolución", en palabras de Delgado.
"Aquí se registra todo y se puede demostrar todo" afirma del Pozo, antes de explicar que elaboran un mapa de vulnerabilidades -tiene 10 ámbitos de actuación y 20 escenarios de riesgo que se interrelacionan-, y luego se elaboran planes de acción, de contingencias, de recuperación de desastres, de continuidad de servicio...
Morera & Vallejo aportó asistencia técnica a Agval en la implantación de su sistema, de acuerdo con la especificación EA31 de la ISO 31.000, dedicada a los principios y directrices de la gestión del riesgo.
"En el mundo anglosajón -insiste del Pozo- la credibilidad se demuestra con el liderazgo, no con actuaciones de cara a la galería; si en Australia quieres conseguir un contrato, tienes que estar certificado; desde fuera de España se percibe que nuestra RSE no es buena precisamente porque no se centra en la gestión de los riesgos".
La preocupación por la calidad en la gestión llevó a Agval a ser la primera empresa del sector del agua en lograr la ISO 9.001, allá por 1997.
