Los nuevos gobiernos autonómicos están haciendo realidad todos los temores del sector sanitario privado. En Valencia, Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura o Galicia, en todas las comunidades donde había proyectos en marcha de gestión público-privada se han paralizado y en aquellas regiones donde ya funcionan se están revisando con la amenaza de revertir las concesiones, lo que está introduciendo grandes dosis de incertidumbre e inseguridad jurídica entre los operadores privados del sector, sin contar el coste millonario que tendría la medida para las arcas autonómicas. Descárguese gratis el último número de elEconomista Sanidad
El ejemplo más claro es la Comunidad Valenciana, donde la nueva consejera de Sanidad, Carmen Montón, ha comenzado a liquidar el modelo de gestión privada de los hospitales de la región, negándole, de entrada, cualquier futuro de desarrollo en la región y demostrando que va a poner todas las trabas posibles al Grupo Ribera Salud, concesionaria de cuatro centros valencianos: Alzira, Torrevieja, Denia y Elche-Crevillent. Sólo los gerentes de estos hospitales se han salvado de la polémica renovación de cargos directivos efectuada por la consejera, pues la decisión depende del grupo privado.
Pero donde Carmen Montón se está encontrando más problemas es en cumplir la promesa que hizo durante su toma de posesión de rescindir "todos los conciertos posibles para retornar la sanidad a lo público, recuperando las concesiones administrativas y la gestión de las resonancias magnéticas", que en este caso es responsabilidad de la empresa Eresa hasta 2018. Unas intenciones que, de momento, no se han traducido en ninguna medida efectiva, salvo la creación de una Dirección General de Inspección de Alta Dirección, para velar y garantizar que los contratos de concesión se cumplen "hasta el momento en el que podamos revertir la sanidad a lo público en todos los departamentos que han sido privatizados", según la consejera.
Y es que el coste de rescindir los contratos de concesión de estos centros costaría 259,1 millones de euros a las arcas valencianas, según un informe del sindicato UGT. Cálculo que el consejero delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa, desconoce cómo se ha hecho: "no sabemos si se han tenido en cuenta todos los aspectos que se deben de incorporar de acuerdo a la extensa legislación española sobre concesiones. Ni sabemos cuánto valdría la reversión, ni vamos a dedicar tiempo a saberlo", zanja la cuestión.
En la Comunidad de Madrid, el frente de socialistas y Podemos logró, el pasado 17 de septiembre, aprobar una proposición no de ley, con la abstención de Ciudadanos, para reclamar la renegociación del contrato de concesión por 30 años de la atención especializada del Hospital de Collado Villalba, gestionado por Quirón Salud. Una medida que tendría un coste millonario en indemnizaciones para las arcas regionales que ninguno de los promotores políticos de la medida ha cifrado todavía. Por lo pronto, Madrid se arriesga a perder 340 millones de euros si expropia el Hospital a Quirón, según adelantó elEconomista, 200 millones invertidos en su construcción y equipamiento, además de los 140 millones que la firma controlada por el fondo CVC Capital Partners planea invertir en los 30 años de concesión.
En cualquier caso, Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha querido cerrar el debate asegurando que "no habrá divorcio con la colaboración público-privada" en la Sanidad madrileña.
Rechazo empresarial
La Comisión de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad de CEOE, presidida por Carlos González Bosch, ya ha advertido que las fórmulas existentes de colaboración público-privada en el ámbito sanitario están extendidas en todas las Comunidades Autónomas y funcionan con normalidad, "por lo que no se puede entender que se presenten nuevas iniciativas parlamentarias que traten de revertir procesos ya iniciados y consolidados que, tras una gestión basada en resultados, suponen un apoyo en la sostenibilidad asistencial y financiera del sistema", asegura la empresarial.
Otra región que ha puesto el modelo de colaboración en la diana es Cantabria. El objetivo del Gobierno que preside Miguel Ángel Revilla es el contrato de gestión de servicios no sanitarios del Hospital Valdecilla a la UTE formada por Ferrovial-SIEC. De momento, se estudia la letra pequeña y tan sólo se ha avanzado que existen "puntos oscuros" en la redacción del contrato, sin concretar nada más, pero con la intención de resolver este contrato cuando exista un mínimo resquicio.
En Castilla-La Mancha, su consejero de Salud, Jesús Fernández, también está negociando con la UTE del Hospital de Toledo para que sólo haya "externalizaciones en los servicios ya externalizados en el Virgen de la Salud".
La polémica apertura del Hospital de Vigo también se ha convertido en un campo de batalla para el presidente de la Xunta. El PSOE gallego se opone al modelo. Núñez Feijóo sostiene que esta colaboración ha permitido la construcción del nuevo centro en cinco años, en lugar de los diez años que hubiese costado por el sistema tradicional de pago por certificación.
Extremadura ha sido la última en sumarse a este frente con el anuncio de una ley para "blindar la sanidad pública", según su consejero de Salud, José María Vergeles. La Junta quiere impedir la construcción de hospitales a través de la colaboración público-privada.