El Gobierno de Pedro Sánchez recibirá este lunes a Quim Torra en Moncloa con una impugnación sobre la mesa por la moción en favor de la independencia que aprobó el jueves en el Parlament de Cataluña, pero con el deseo de mantener una vía política abierta y diferenciar el polvo de la paja. Así lo hizo saber el viernes la portavoz Isabel Celáa, quien afirmó que "el Gobierno tiene y mantiene consistentemente la determinación de seguir transitando un camino político con Cataluña", agregó desde Moncloa.
El propósito no es otro que el expresado por la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet: lealtad y reciprocidad entre los dos Ejecutivos. De ahí el acercamiento a Cataluña esta semana de los políticos soberanistas imputados por sus actuaciones el 1-O y encarcelados en prisión preventiva en distintas cárceles de Madrid. Y de ahí la reapertura adelantada de la comisión bilateral cancelada en 2010, marco en el que los socialistas quieren desarrollar "compromisos con garantía de cumplimiento" en infraestructuras, inversión y financiación. Demandas que van desde la financiación del sistema de salud público, las políticas sociales y dependencia, sin olvidar más obras viales, el Corredor del Mediterráneo o el Plan de Cercanías.
En este clima de entendimiento, el miércoles, mientras se cerraba un acuerdo con ERC y PDeCat para la renovación de los cargos de RTVE, Moncloa desvelaba otra acción, la encaminada a reducir la conflictividad que el Estado tiene con la Generalitat a través de querellas y demandas interpuestas en el Tribunal Constitucional.
El Gobierno tampoco parece dispuesto a intervenir el control del Diplocat (como hizo durante el 155), al entender ahora que se trata de una institución que depende del derecho privado (aunque según la Justicia, utilizó dinero público para extender las ideas del procés).
Allanando el terreno de cara a esta primera cita oficial, Sánchez ha mostrado su disposición a tratar el lunes "todos los temas" que exponga Torra, incluyendo el polémico punto 46, que es el que se refiere al referéndum pactado y la autodeterminación (por cierto, el gran punto de fricción con Mariano Rajoy). Aún desde la discrepancia profunda, "será posible hablar de alternativas en relación con la posición de Cataluña", reconoce el Ejecutivo.
El supremacismo olvidado
Atrás quedan los ataques de Pedro Sánchez al "supremacismo" de Torra, cuyo pensamiento político comparó con el de Marine Le Pen. Pero este encuentro ha cambiado la epidermis de los protagonistas. De hecho, Torra apoyó la moción contra Rajoy. Y ahora, la cita viene desengrasada, en parte a las negociaciones previas entre Meritxell Batet y Elsa Artadi, consellera de Presidencia. "Normalizar", remachan los dirigentes socialistas, que ya en su primer Consejo de Ministros brindaron al Govern el "gesto" de la "culminación del levantamiento de los controles financieros a la Generalitat vinculados al artículo 155 de la Constitución". Si bien, dicha prerrogativa era inherente a la constitución del Govern catalán.
Espacio para el diálogo
Los círculos monclovitas aprecian buenas vibraciones para la reunión Sánchez-Torra. Para empezar, la Generalitat ha solicitado un nuevo encuentro con el presidente del Gobierno en septiembre, esta vez en la Ciudad Condal.
A favor del diálogo, también el Parlament catalán aprobaba este jueves una moción propuesta por el PSC-Units en el que se encargó a Torra crear un espacio de entendimiento para facilitar acuerdos sobre todos los grandes temas de Cataluña y con el Gobierno de Pedro Sánchez para llegar a acuerdos que den salidas a las necesidades políticas, económicas y sociales de esta comunidad. Torra votó a favor.
El valor de las inversiones
Entre tanto, de las reuniones entre Meritxell Batet y Elsa Artadi poco ha trascendido. Apenas, que se "respetará el derecho de cada presidente a exponer todo lo que considere conveniente" en esa reunión. No ocurrió así con Mariano Rajoy, quien siempre anticipó a los encuentros con el president de la Generalitat que hablaría de todo, pero nunca de la autodeterminación; es decir, de la demanda número 46.
Pese a la falta de química con Puigdemont, el expresidente popular llegó a comprometerse con esta comunidad a unas inversiones de 4.200 millones de euros hasta 2020. Estas cantidades siempre fueron tasadas de ridículas por el equipo de Puigdemont, quien llegó a pedir un plan de infraestructuras de 10.000 millones de euros, con más competencias, denunciando el ataque que suponía para ellos la Ley de Garantía de Unidad de Mercado o reclamando la necesidad de una reforma de entes locales. Y por supuesto, haciendo hincapié en la Disposición Adicional Tercera para equilibrar las inversiones y las infraestructuras con el nivel económico y productivo de Cataluña.
