A solo un año de la celebración de elecciones autonómicas, la nueva causa judicial contra antiguos líderes del PPCV supone un varapalo para los intentos del partido de recuperar el Gobierno valenciano. La detención de Eduardo Zaplana arroja un saldo demoledor para la fuerza en la región: tres de los cuatro presidentes del PP en la Generalitat Valenciana -Francisco Camps, José Luis Olivas y, ahora, Zaplana- se encuentran imputados en causas judiciales. El cuarto, Alberto Fabra, que se mantiene al margen de estas investigaciones, perdió la presidencia tras 20 años de liderazgo popular.
Fabra manifestó su "sorpresa" por la situación de Zaplana. "Estas situaciones me duelen, porque ponen en tela de juicio la vocación de servicio público que tienen la inmensa mayoría de cargos públicos del PP", lamentó.
El PPCV se apresuró ayer a desvincularse de Zaplana, solicitando a la dirección nacional del partido la apertura de un expediente informativo y su suspensión inmediata de militancia.
Ayer no solo el PP rompió con el también exministro. Telefónica también suspendió "con carácter inmediato" las relaciones laborales.
Zaplana está acusado de haber escondido 10,5 millones de euros en comisiones ilegales y se le investiga por presuntos delitos de blanqueo de capitales y cohecho. La desviación de parte del dinero, procedente de cuentas en el extranjero, levantó las sospechas.
Además de Zaplana, ayer se practicaron más detenciones, entre ellas la de Vicente Cotino, empresario y sobrino del exconseller Juan Cotino. En su caso, también por delitos contra la administración pçublica.
