El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, vuelve a tener el tablero político español en sus manos. Por increíble que parezca, el cruce de decisiones, choques y fechas judiciales ha provocado de nuevo que todo pase por él y se someta a su criterio personal.
Tras suspender este miércoles el Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Presidencia encaminada a investirle a distancia, Puigdemont y solo Puigdemont será quien decida ahora si JxCat presenta un cuarto candidato ('Plan D') a la investidura -tras él mismo, Jordi Sànchez y Jordi Turull- o si se deja expirar el plazo hasta el 22 de mayo y se convocan nuevas elecciones en Cataluña.
Dentro de los siempre inciertos designios de las fuerzas independentistas, parece que ahora mismo la opción cerrada es la de elegir a un sustituto que puede ser investido la próxima semana y que sirva para constituir un Govern efectivo que implique que se deje de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.
Por tanto, se espera que a lo largo de este jueves, este viernes (la opción más plausible ahora mismo) o el fin de semana Puigdemont elija sucesor o sucesora. Los nombres que se barajan ahora son los de otros diputados de JxCat como Quim Torra o Josep Costa (vicepresidente primero de la Mesa del Parlament) después de que la portavoz Elsa Artadi haya sido la favorita durante semanas pero se haya caído, aparentemente, de la terna.
En cualquier caso, no se puede descartar aún que Puigdemont dé otro giro de 180º y fuerce unas elecciones que le permitirían arrasar electoralmente con ERC después de que el partido de Oriol Junqueras haya abogado por una línea más realista en los últimos meses. Forzar este escenario implicaría la prolongación del 155 y del vacío institucional además de no contribuir a sofocar la inflamación en la ciudadanía.
Sin embargo, de arriesgarse Puigdemont a forzar otras elecciones, tendría que tener muy en cuentas las fechas judiciales. Se espera que en breve el auto de procesamiento del juez Pablo Llarena sea firme y se proceda a la suspensión de los cargos independentistas. Esto no impediría al expresidente catalán y los otros dirigentes presentarse en las listas electorales, pero sí votar, por ejemplo, en una investidura en el Parlament.
La inhabilitación definitiva (Hacienda informa hoy de que podría inhabilitar a Puigdemont por otros motivos) de los cargos llegaría si hay condena en el juicio, previsiblemente en otoño. No obstante, el no poder ejercer su voto en la Cámara, con sus funciones como diputados y ejecutivas congeladas, haría renunciar al acta a estos dirigentes procesados en favor de otro compañero de lista y limitaría claramente sus aspiraciones políticas.
Tampoco se descarta que Puigdemont quiere llegar al juicio de otoño con un resultado electoral mucho más favorable a sus espaldas para utilizarlo como presión en el proceso aunque la situación siga en bloqueo. En ese sentido, también tendrán mucho que ver las decisiones que acabe tomando la Justicia alemana respecto a su extradición a España. El abogado de Puigdemont ha dicho este lunes que espera que a principios de junio haya una decisión.También ha asegurado tener confianza en que Alemania descartará el delito de rebelión, aunque tiene sus dudas con el de malversación.
Volviendo al presente, la incógnita mantenida por el expresidente sigue dejando en vilo a la política catalana y, por ende, la española. Ayer mismo, PP y Ciudadanos protagonizaron un sonoro rifirrafe a cuenta de la estrategia judicial ante los independentistas. Albert Rivera rompió su apoyo a Mariano Rajoy con el 155 tras afearle que Moncloa no recurriera el voto delegado de los dos dirigentes huidos de la Justicia en el extranjero, el propio Puigdemont y Toni Comín.
Cabe recordar, además, que la aplicación del 155 y las desavenencias entre las fuerzas independentistas para investir un candidato sin cargas judiciales ha hecho peligrar las cuentas españolas durante los últimos meses. El PNV se cerraba en banda a no apoyar los Presupuesto del PP mientras no se levantase el artículo. Al final, lo apurado de los plazos ha hecho que los nacionalistas vascos apoyen las cuentas con la promesa firme del Ejecutivo de dejar de aplicar el artículo una vez se elija un candidato 'limpio'.
Como aquel 26 de octubre de 2017 en el que Puigdemont se debatió amplias horas entre convocar elecciones o dar rienda suelta a la DUI en el Parlament, la política catalana y la política nacional pasan ahora mismo por su decisión.
