El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha proseguido este martes con su ronda de declaraciones indagatorias en la causa del 'procés' citando a los exconsellers Joaquim Forn (Interior) -que ha comenzado su declaración el primero pasadas las 10:20 horas-, Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad) y Raül Romeva (Exteriores) para comunicarles su procesamiento por los delitos de rebelión y malversación.
Lo hace un día después de que realizara el mismo trámite respecto al último candidato a presidir la Generalitat y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez; al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y al líder de la asociación Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, quienes aprovecharon su presencia ante el instructor para denunciar lo que consideran que es una causa política dirigida a perseguir la ideología independentista.
Forn es el exconsejero que junto con Junqueras lleva más tiempo en la prisión de Estremera (Madrid), desde el pasado 2 de noviembre, mientras que Rull y Romeva estuvieron ingresados durante un mes y tras salir bajo fianza volvieron a este centro penitenciario el pasado 23 de marzo, al dictarse auto de procesamiento en el que Llarena especificaba que había en sus casos riesgo de fuga y de reiteración delictiva.
La declaración indagatoria es un trámite previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal una vez se produce el procesamiento de los investigados en una causa penal. Aunque normalmente se limita a la comunicación al imputado de los cargos concretos por los que se le procesa, cabe la posibilidad de que pueda producirse un interrogatorio y la comparecencia podría alargarse varias horas, que es lo que ocurrió este lunes en el caso de Junqueras y los 'Jordis' pese a que éstos únicamente contestaron a sus abogados defensores.
Forn acata el 155
En su declaración, Forn ha vuelto reiterar al instructor del caso que en ningún momento propició la violencia en relación con los hechos investigados y su voluntad de abandonar la política -incluso la municipal- y de acatar la aplicación por el Gobierno del artículo 155 de la Constitución. Así lo han señalado fuentes presentes en la declaración indagatoria. Además de reiterar lo dicho en anteriores comparecencias, y contestando sólo a preguntas de su letrado, el exmandatario ha solicitado una medida menos gravosa que la prisión incondicional para poder preparar su defensa de cara al juicio.
Forn, que lleva más de cinco meses en prisión, no ha utilizado dicha estrategia de reproche al magistrado y se ha dirigido a él de una forma muy similar a anteriores comparecencias, insistiendo en que ningún momento propició la violencia en relación con los hechos investigados y su voluntad de abandonar la política -incluso la municipal- y de acatar la aplicación por el Gobierno del artículo 155 de la Constitución.
Además de reiterar lo dicho en anteriores comparecencias, y contestando sólo a preguntas de su letrado, el exmandatario ha solicitado una medida menos gravosa que la prisión incondicional para poder preparar su defensa de cara al juicio.
Rull, el más duro
Por su parte, Rull ha declarado ante el juez que "no estaríamos aquí si no hubiéramos ganado las elecciones". En una declaración de poco más de media hora, ha coincidido con los investigados que declararon ayer en considerar que éste es un proceso político contra la ideología independentista. Bajo ese prisma, considera que el juicio que se celebre como resultado de su procesamiento será "un mero trámite". En una intervención muy crítica, Rull ha dicho que los procesados y reclamados en esta causa ven "la luz" en algunos países del norte de Europa donde existe una clase de justicia "mejor" que la que se imparte en España.
"Vemos el rayo en las tinieblas en algunos países del norte de Europa dónde existe una clase de Justicia mejor que está", ha manifestado Rull citando a Salvador Espriu ante el juez, que le acusa de participar en múltiples reuniones definitorias de la estrategia independentista y apunta que, tras el referéndum ilegal, impidió que un ferry destinado a acoger a policías atracase en el Puerto de Palamós (Gerona).
Para Rull, la justicia española actúa movida por presiones políticas. Como ejemplo se ha referido a los "oráculos" del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quienes, al igual que el ministro de Justicia Rafaél Catalá han ido vaticinando lo que iba a ocurrir con los procesamientos, las fechas de las decisiones del instructor e incluso han adelantado términos de la sentencia, que a su juicio "ya está escrita". Ante estas afirmaciones, el instructor Llarena ha señalado que "tomará nota", según fuentes presentes en la diligencia.
En otro momento de su declaración el exconsejero, según las mismas fuentes, ha mirado directamente a la cara al juez Llarena para acusarle de seguir la hoja de ruta del ministro Catalá y ha dicho que él va a seguir siendo independentista, por sus hijos, para que no vivan en un país en el que vas a la cárcel por tus ideas.
Romeva señala a la Policía
A su vez, Romeva ha destacado ante el juez que la "violencia" que hubo durante la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre fue policial y que ésta fue "desproporcionada". Durante la declaración ha dicho que su partido político, Esquerra Republicana (ERC), ha defendido durante años un programa independentista que es legal y que se pretende "criminalizar".
Según las mismas fuentes, Romeva -que ha comparecido alrededor de 45 minutos- ha defendido que el proceso soberanista es en todo caso una cuestión política y que por tanto no es legítimo judicializarlo porque vulnera derechos fundamentales. Como ha hecho en otra ocasión que ha declarado ante el juez instructor ha reiterado que es una persona cuyo currículum está vinculado a la "cultura de la paz", que no reconoce la violencia.
Para Romeva, una votación popular no puede ser reprimida por la fuerza porque su celebración no es ningún delito, han apuntado las fuentes presentes en la declaración. En cuanto al departamento que dirigió ha apuntado que otras comunidades autónomas tienen las mismas competencias en esta materia y ha negado haber asumido alguna competencia propia del Estado, como mantener relaciones consulares.
Romeva también ha denunciado que ha sido encarcelado y enjuiciado por un tribunal sin competencia, pues, a su juicio, el Tribunal Supremo es un órgano superior para presentar recursos, no para investigar causas. Es más, ha recordado que está siendo investigado también por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que instruye los preparativos del 1-O.
En este sentido, además de afirmar que por ello su derecho a la defensa está siendo vulnerado, se ha quejado de que se le está privando de sus obligaciones con derecho de la infancia puesto que no puede ver a sus hijos desde el pasado 23 de marzo cuando tuvo que volver a ingresar en la prisión de Estremera.
Cargos contra cada uno
Según el auto de procesamiento Junqueras, junto con el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconsejero del Interior Joaquim Forn, fue advertido días antes de la celebración del referéndum ilegal por los responsables de los Mossos del grave riesgo de incidentes violentos si se producía la consulta.
El juez considera que estas tres personas también conocían la gravedad de la protesta del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía y decidieron continuar con el referéndum, llamaron a la población a la movilización e impulsaron un operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado.
Por otro lado, el juez destaca que Rull participó en múltiples reuniones definitorias de la estrategia independentista y apunta que, tras el referéndum ilegal, impidió que un ferry destinado a acoger a policías atracase en el Puerto de Palamós (Gerona).
Sobre Romeva el auto de procesamiento señala que impulsó la creación de estructuras del Estado y favoreció el reconocimiento de la República Catalana en el extranjero a través de Diplocat, el servicio de diplomacia de la Generalitat. Igualmente le considera responsable del proyecto para posibilitar votación electrónica por Internet de residentes en el extranjero y asumir la atención a observadores internacionales.
El miércoles 18 de abril será el turno de Jordi Turull (Presidencia), Dolors Bassa (Trabajo), -acusados por los mismos delitos- y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, a la que sólo se le atribuye rebelión.
