La tramitación del artículo 155 de la Constitución va a dotar al Senado de un protagonismo del que nunca ha disfrutado en democracia. Máxima presión para una Cámara cuya actividad pasa inadvertida para la mayoría de los ciudadanos y que, sin embargo, a lo largo de esta semana se verá sometida a un examen de máxima exigencia. El trámite parlamentario debe ser un elemento clave en la legitimación de la intervención de Cataluña. El Gobierno pedirá al Senado el cese de Puigdemont.
Hoy lunes, con la designación de los portavoces de la comisión del 155, comienza el estudio y autorización de las medidas aprobadas el sábado por el Consejo de Ministros. Si todo transcurre como está previsto, el viernes 27 a primera hora de la tarde el Gobierno habrá recibido la habilitación que exige la Carta Magna.
Entre medias, la gran incógnita es si Carles Puigdemont acudirá a defender su posición ante la comisión. El Reglamento del Senado exige que se invite al presidente de la autonomía díscola a presentar cuantas alegaciones considere oportunas. Si el president acepta, su comparecencia debería producirse entre el miércoles y el jueves, antes de que el órgano eleve su propuesta de resolución.
Primera reunión
Mañana a las 13:00 horas tendrá lugar la primera reunión de la comisión, que presidirá el propio Pío García Escudero, presidente del Senado. Los debates se sucederán hasta el jueves a las 12:00 horas en la que debe proponer un dictamen que se votará a las 17:00 horas.
El viernes a las 10:00 se reúne el Pleno del a Cámara baja para debatir y votar la autorización al Ejecutivo. No existe confirmación oficial por parte de La Moncloa, pero los grupos prevén que sea el propio Rajoy el que acuda a defender las medidas.
En el debate se producirán dos turnos a favor y dos en contra de 20 minutos cada uno. Podrán intervenir, además, todos los portavoces de los grupos que lo soliciten.
En el Senado calculan una sesión larga, que terminará sobre las 15.00 horas. Posteriormente, una vez obtenida la autorización -que se da por hecha dado que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y, además, cuenta con el apoyo de PSOE y Ciudadanos-, el Consejo de Ministros aprobará el desarrollo y concreción de las medidas autorizadas.
A lo largo del trámite parlamentario, la Cámara alta puede introducir los condicionamientos o modificaciones que considere oportunos en el paquete de medidas planteado por el Ejecutivo.
Si no hay sorpresas, el sábado entrarían en vigor las decisiones correspondientes, una vez se publiquen el BOE los decretos u órdenes que el Gobierno apruebe para su concreción.
García Albiol y Arenas
El PP ya ha hecho públicos los nombres de los 15 senadores que participarán en la comisión del 155. Entre ellos destaca el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol; la expresidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi; Javier Arenas, vicesecretario de asuntos territoriales del partido; o el propio presidente de la Cámara, Pío García Escudero.
Además de los 15 populares, la comisión está formada por seis socialistas, dos miembros de Unidos Podemos y uno, respectivamente, de ERC, PNV, PDeCAT y el Grupo Mixto.
Para facilitar la tramitación del 155, la Mesa de la Cámara decidió el sábado suspender el Pleno ordinario que debía celebrarse entre el martes y el miércoles. Además, el PP lleva el martes al Congreso una iniciativa para que éste manifieste su apoyo a la aplicación del 155.
Medidas duras y limitadas
Las medidas que a partir de este lunes estudiará el Senado dibujan una intervención muy dura pero compensada por la limitación en el tiempo -tiene una duración máxima de seis meses-. El fin de la aplicación del 155 coincidirá con la celebración de elecciones en Cataluña.
1. Cese de Puigdemont, Junqueras y el resto del Govern. El Consejo de Ministros ha solicitado al Senado la autorización para cesar al presidente catalán, Carles Pugidemont, a su vicepresidente, Oriol Junqueras, y al resto de miembros del Govern. El Ejecutivo sustituirá a estos cargos por "los órganos y autoridades que designe o cree a tal efecto". Según señaló Rajoy, la idea es que sean los Ministerios quienes asuman estas funciones.
2. Convocatoria de comicios autonómicos antes de seis meses. Rajoy asumirá la facultad de decretar la disolución anticipada del Parlament y la convocatoria de elecciones en Cataluña. El Gobierno se compromete a convocar a los catalanes a las urnas en un plazo máximo de seis meses, aunque según el presidente del Gobierno, su voluntad "es hacerlo tan pronto como recuperemos la normalidad institucional".
3. Limitación y control de las facultades del Parlament. El Parlamento de Cataluña continúa ejerciendo sus funciones representativa y legislativa pero sometido a la tutela de un órgano específico que aún debe designarse, para evitar cualquier actuación que sea contraria la Constitución y la legalidad. El plazo para ejercer el derecho de veto será de 30 días. Además, se limita la capacidad de la presidenta de la Cámara de proponer candidato a la presidencia de la Generalitat ni de convocar una sesión de investidura.
4. Los Mossos, bajo el mando de Interior. En relación a la policía autonómica catalana, su dirección pasa a manos del órgano que designe el Ejecutivo, que podrá dictar "instrucciones directas y de obligado complimiento" a los miembros de los Mossos d'Esquadra. En caso de que fuera necesario, los agentes regionales podrán ser sustituidos por efectivos de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. Desde el Gobierno se recuerda que el incumplimiento de sus órdenes puede suponer responsabilidades disciplinarias, patrimoniales o incluso penales.
5. Montoro se hace con todos los impuestos. La intervención del área de gestión económica, financiera, tributaria y presupuestaria pretende evitar que se destinen fondos a actividades o fines vinculados con el proceso independentista. Para ello, al control de las cuentas decidido el 15 de septiembre se añade que Hacienda asume también la recaudación y gestión de los ingresos e impuestos propios de la Administración catalana.
6. Fin a la labor propagandística de TV3 y Catalunya Ràdio. El Gobierno requiere el ejercicio de las funciones de la Generalitat relativas a las tecnologías de la información, lo que de facto conlleva asumir el control de TV3 y Catalunya Ràdio para garantizar la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial". Se quiere acabar con los mensajes contrarios a la Constitución y la legalidad.
